Cobrar por fracciones, una práctica extendida
Las tarificación por tramos de 30 segundos que impone Movistar es usada por otros operadores para algunos de sus clientes.
Telefónica Móviles insiste en defender su cambio en la facturación como parte de una reestructuración global de la política de precios. Este cambio de tarificación obligará, a partir del próximo uno de septiembre, a todos los clientes de la filial de Telefónica a pagar sus llamadas por fracciones de medio minuto en lugar de por segundos. La compañía defiende su decisión argumentando que desde principios de año sus tarifas han bajado un 6,5% gracias a productos como Mis cinco o Ya te llamo yo y aseguran que van a continuar con esta bajada de precios. La operadora reitera que la nueva forma de facturación también es positiva para los consumidores porque les permite comparar tarifas entre operadores más fácilmente.
Lo cierto es que Telefónica Móviles no es la única operadora que emplea la tarificación por fracciones. Los tres operadores emplean este sistema en sus tarjetas de prepago. Vodafone emplea el cobro por tramos en algunos de sus contratos para particulares aunque también emplea la facturación por segundos dependiendo de la modalidad de contrato. La única operadora que, a partir del primer minuto de llamada, cobra a todos sus clientes de contrato por segundos es Amena. Tras la compra de la operadora por France Télécom y su futura integración en Orange, Amena podría mantener la tarificación por segundos que también emplea la operadora gala de telefonía móvil.
La tarificación por fracciones o por segundos es una práctica habitual en otros países de la Unión Europea y, dependiendo del tipo de contrato, las operadoras aplican uno u otro sistema de cobro. Además, como en España, todas las operadoras ofrecen planes específicos en los que a cambio de una cuota fija mensual se puede realizar llamadas hasta un determinado número de minutos.
El sistema de tarificación es confuso en toda Europa, como reconoce Enriq Colet Petit, profesor de Esade y especialista en Telecomunicaciones. Aunque además, en su opinión, las tarifas telefónicas en España siguen siendo caras en comparación con otros países europeos. Petit Colet es partidario de una clarificación de los precios de las llamadas de móvil y considera que a la hora de aclarar esta confusión tarifaria los primeros en intervenir deberían ser los reguladores nacionales. En el caso de España, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Ministerio de Industria.
Desde la CMT se asegura que el regulador no tiene competencias a la hora de intervenir en las tarifas y en el sistema de cobro que las operadoras emplean con sus clientes, ya que los precios para minoristas (los que se cobran a los particulares) están liberalizados y remiten esta competencia a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La próxima reunión de esta comisión interministerial se hará, en principio, a finales de agosto, antes del próximo Consejo de Ministros.
Los consumidores recurren a los tribunales
El anuncio de Telefónica Móviles de cambiar su sistema de tarificación ha provocado las inmediatas protestas de las organizaciones de consumidores. De hecho distintas asociaciones ya han anunciado su intención de emprender medidas legales en contra de la operadora. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) enviará una carta a las compañías para que dejen de practicar el redondeo en su facturación y presentará una demanda colectiva de cesación de este sistema de cobro.La OCU también denuncia que España es el único país de la Unión Europea en el que los consumidores pagan dos veces el coste fijo de una llamada de móvil: por el establecimiento y por el primer minuto de duración.La ley posibilita la acción colectiva por lo que no es necesario la denuncia por parte de clientes minoritarios. En opinión de Salvador Rodríguez, abogado de Cuatrecasas y especialista en Telecomunicaciones, las organizaciones de consumidores tienen más fuerza que los particulares a la hora de emprender medidas legales. En su opinión la operadora debe ofrecer a los clientes la posibilidad de adherirse o no al nuevo sistema tarifario, ya que la aceptación del cambio imposibilitaría una futura reclamación.