Vigor económico y abusos de ley
La economía española ha acelerado su ritmo de crecimiento hasta el 3,4% en el segundo trimestre del año, según la primera estimación de variación del PIB que elabora el Banco de España. El dato mejora las previsiones y supera el objetivo para todo el año, que acaba de ser revisado al alza por el Gobierno hasta el 3,3%. La economía marcha mejor de lo esperado y mejor que la de los países de nuestro entorno, gracias sobre todo a una demanda interna muy fuerte, con aumentos a un ritmo del 5,5%, dado que la aportación del sector exterior sigue siendo negativa, si bien en el trimestre restó menos de lo previsto. La tendencia apunta, aún de forma tímida, a una moderación de la demanda interna y una mejora de exportaciones, lo que derivaría en un crecimiento más equilibrado como el que quiere propiciar el vicepresidente económico, Pedro Solbes.
La bonanza de la economía se está trasladando rápidamente al empleo, animado además por el impacto de la regularización de inmigrantes. A este respecto, ayer se conocieron cifras contradictorias. Por una parte, la Seguridad Social batió un nuevo récord histórico con más de 18 millones de afiliados, tras crecer un 4,8% en el mes. Las cifras son contundentes: en lo que va de año el número de cotizantes a la Seguridad Social ha aumentado en 995.091, de los que sólo un poco más de un tercio corresponden a la regularización de inmigrantes. Aún sin ese efecto extraordinario, el empleo estaría creciendo a tasas cercanas al 3%.
Este dato no casa bien con las cifras del Inem, que revelan un extraño repunte del paro en 14.557 personas en un mes, julio, en el que casi siempre desciende el número de desempleados. El paro registrado por el Inem subió un 0,7% en el mes y, aunque baja un 1,2% en el último año, no refleja el mismo vigor que otros indicadores del empleo. Si se miran al detalle las cifras oficiales se perciben indicios de una práctica dudosa muy generalizada como es la rotación de trabajadores entre el empleo y el desempleo. Es decir, que hay miles de empresas que envían trabajadores al paro durante las vacaciones para ahorrar su salario y cotizaciones. En los dos últimos días de julio se dieron de baja de la Seguridad Social casi 200.000 personas. La mayoría estarán inscritos otra vez en otoño. Esta práctica, favorecida por las múltiples modalidades de contratación temporal y por la pervivencia del contrato fijo discontinuo, diseñado para sectores estacionales como el turismo, se ha convertido en una pesada carga para el sistema público de prestaciones. A esta rotación se refería ayer el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, como 'fraudulenta e injustificada'. Una polémica que se suma a la ya abierta sobre el excesivo peso de la contratación temporal en España, que está en aumento y supera el 33% de los contratos.
Con todos estos problemas, la situación del mercado de trabajo es más que esperanzadora para un país que ha conocido, no hace tanto, tasas de paro del 20% y que ha absorbido a millones de inmigrantes en un periodo corto de tiempo. Precisamente por el buen contexto económico, sería buen momento para plantear las reformas necesarias, incluidas las que pongan coto a los abusos que perjudican tanto al mercado de trabajo como al sistema público de protección social.