EDITORIAL

Autonomías más responsables

La liquidación del modelo de financiación autonómica del año 2003, hecha pública ayer por el Gobierno central, pone en evidencia dos cuestiones. La primera de ellas es que la vivienda sigue siendo el gran aliado de las Administraciones para obtener recursos. El boom inmobiliario está permitiendo a los Ejecutivos regionales un plus a través de los tributos que gravan las transmisiones patrimoniales. Este hecho, sin duda positivo para las comunidades, refleja, en cambio, la fuerte presión a la que ellas se verán sometidas respecto a toda reforma en el mercado del suelo que tienda a menguar sus recursos. Nunca ha sido bueno ser juez y parte a la vez.

La segunda cuestión a tener en cuenta es que, pese al fuerte incremento de los tributos recaudados por las comunidades autónomas (23% sobre el año anterior), todas se siguen financiando principalmente por los tributos estatales cedidos parcialmente a ellas (IRPF, IVA e impuestos especiales).

El gran peso de estos tributos sobre la financiación de las Administraciones públicas en general será, por tanto, el gran caballo de batalla ante la reforma del modelo de financiación autonómico. El Gobierno central lo sabe y su intención de crear 'espacios fiscales propios' exclusivamente para ellas, más allá de los que ya tienen, quizá sea una buena idea para conseguir dotarlas en el futuro de una mayor autonomía financiera de la que tienen en la actualidad.

Sobre la mesa de debate, que se producirá en la próxima Conferencia de Presidentes, se encuentra el argumento de que el Estado ya no puede acudir al rescate de sus hijos mayores, las comunidades, para solucionarles sus deficiencias de financiación. Los Gobiernos regionales absorben el 31,6% del gasto público total, el doble que el del Estado central, exceptuando la Seguridad Social y el servicio de la deuda pública. A partir de ahora, y mucho más desde el próximo modelo de financiación autonómica, cada Administración deberá ser responsable de su gestión.