La SEPI inyecta 340 millones para salvar Hunosa
El carbón vive una situación crítica en España. La empresa pública minerometalúrgica Hunosa fue salvada de la quiebra en el último ejercicio gracias a los 340 millones que inyectó la SEPI en su capital. Mientras, la Comisión Europea investiga las ayudas a la minería, que superan los 2.200 millones desde 2002, y podría declararlas ilegales.
El horizonte se refleja sombrío en las cuencas mineras. En plena negociación del Plan del Carbón 2006-2012 entre el Ministerio de Industria y los sindicatos, la crítica situación que vive la empresa pública Hunosa, propietaria de la mayoría de los pozos en activo que existen en España, ilustra con exactitud el probable futuro de la minería: su desaparición.
Hunosa recibió de su accionista universal, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 340 millones en el último ejercicio para evitar que tuviera fondos propios negativos y entrara en quiebra.
La empresa pública recibió adicionalmente 92,5 millones en concepto de ayudas a la explotación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, según refleja la memoria de la compañía de 2004, el primer ejercicio en el que Hunosa presenta cuentas anuales consolidadas de las empresas que la integran, más de 20 sociedades.
Pero esas aportaciones no son las únicas ni serán las últimas que reciba Hunosa. Desde 2002, la empresa ha sobrevivido gracias a los más de 2.200 millones de euros aportados por las arcas públicas. Su situación, no obstante, no mejora. Este año está previsto que la SEPI destine otros 370 millones a Hunosa, según los presupuestos del organismo público presentados ante el Congreso.
Mientras, la Comisión Europea vigila con lupa las subvenciones y sigue adelante con la investigación que abrió en julio pasado para determinar si son o no ilegales. En el caso de que tuviera que devolver las ayudas, Hunosa se convertiría en una nueva Izar, con pocos recursos para seguir existiendo.
'Las posibilidades de la empresa para continuar con normalidad sus operaciones (...) dependen necesariamente de que se resuelva favorablemente el procedimiento iniciado por la UE (...) y que la empresa continúe recibiendo las ayudas necesarias de la Administración y de su accionista, la SEPI', advierte el auditor de las cuentas del último ejercicio.
Es decir, Hunosa sobrevive gracias a la respiración asistida proporcionada por el Estado. La cifra de negocios del grupo así lo demuestra. La compañía ingresó únicamente 31 millones por venta de carbón, su actividad principal. Otro ingreso significativo, 17 millones, procede de las ventas de energía gracias a la central termoeléctrica que la empresa abrió en 1994.
Ayudas al funcionamiento
El resto de la cifra de negocio es irreal, ya que en esa partida se han incluido las ayudas de 92 millones en concepto de 'funcionamiento y reducción de actividad'. Con 74,3 millones de pérdidas en el último ejercicio, la empresa consiguió reducir los números rojos del año 2003 en 8,8 millones. En todo caso, tanto las pérdidas de explotación como las antes de impuestos son muy superiores, y sólo la recuperación de créditos fiscales aminora la pérdida final en 2004.
Para agravar la situación, la compañía soporta año tras año altísimos costes laborales debido a las prejubilaciones pactadas en el último Plan del Carbón. En 2004, los gastos de personal ascendieron a 180 millones de euros, sin contar con 247 millones de exteriorización de compromisos de prejubilaciones que fueron cargados el año pasado contra reservas.
Y este ejercicio se prevén aún mayores costes laborales porque la pretensión del Gobierno es aumentar la edad de prejubilación. La mecha está prendida en las cuencas mineras.
Calma tensa por el nuevo Plan del Carbón
Una calma tensa reina en las comarcas mineras. El nuevo Plan del Carbón 2006-2012, que empezó a negociarse hace unos meses entre los sindicatos, las empresas afectadas y el Ministerio de Industria, puede cambiar radicalmente el panorama actual de la minería. En juego están más de 4.000 empleos directos y la producción de carbón, que sufriría un drástico recorte desde los 12 millones de toneladas al año actuales a ocho millones.En las interminables y tensas reuniones que se celebran casi semanalmente en el Ministerio de Industria, los principales puntos de desencuentro entre las partes continúan siendo los recortes de producción y de empleo que debería sufrir el sector. Los sindicatos consideran inaceptable la propuesta del Gobierno de elevar la actual edad de prejubilación por encima de los 52 años de edad bonificada.En la última reunión, no obstante, se produjo un pequeño avance al aceptar el Ministerio la propuesta sindical de prorrogar durante un año, hasta el 31 de diciembre del 2006, el periodo en el que podrán recibir ayudas públicas las empresas mineras que deberán cerrar a partir del 2007, lo que permitirá mantener algo de empleo.Las centrales sindicales rechazan totalmente la pretensión del Ejecutivo de reducir a la mitad las ayudas a empresas del sector. A su entender, un recorte del 50% provocaría la ausencia de fondos para impulsar procesos de recolocación de los trabajadores de las empresas que cierren o reduzcan su producción. Las centrales demandan recortes de sólo un 2%.