Normas contra la escasez de gas
El gas ha ido ganando protagonismo de manera imparable como fuente primaria de energía en el mercado español. Su importancia ha ido creciendo a tal ritmo que cada vez resultaba más problemático el vacío legal que concernía al funcionamiento del sistema. Frente a la hiperregulación del sistema eléctrico y del petróleo, el sector del gas quedaba en demasiadas ocasiones a expensas de las decisiones que sobre el terreno tomara el gestor del sistema, sin una cobertura legal suficiente para ordenar su actuación de una manera óptima.
La gravedad del problema se puso de manifiesto el pasado invierno con las crisis de desabastecimiento que sufrió el sistema. Las crisis tenían su origen inmediato en problemas concretos (averías, retrasos, picos de demanda...) pero escondían causas lejanas más profundas que amenazaban con desencadenar nuevos estrangulamientos en el futuro.
El Gobierno trata de atajar esas causas últimas mediante una nueva regulación que cubra el vacío legal existente. El objetivo es garantizar el suministro, minimizar los problemas de desabastecimiento y evitar discriminaciones. Para lograrlo, Industria propone penalizar a las empresas que sufran desequilibrios entre la demanda y sus existencias operativas. Las empresas que utilicen gas del sistema que no sea de su propiedad deberán pagarlo a un precio más alto, lo cual incentivará el diseño de una planificación más conservadora que contribuya al mantenimiento de unas reservas adecuadas. Para cubrir ese nivel de reservas y no incurrir en esas penalizaciones, las empresas podrán cortar el suministro a sus clientes con cláusulas de interrumpibilidad. También podrán comprar gas a otros operadores en una subasta diaria que puede ser el germen de un mercado mayorista.
Las medidas parecen razonables, aunque tal vez no fuera necesario recurrir a penalizaciones si las señales de precio -en lugar de separarse del mercado internacional- fueran las adecuadas. En todo caso, en invierno se comprobará si han sido suficientes o no.