Privatizaciones opacas

Entre 1996 y 2000, el Estado ingresó casi tres billones de pesetas con la privatización de 48 empresas públicas. El Tribunal de Cuentas acaba de entregar al Congreso sendos informes en los que se cuestionan algunas de estas operaciones y, sobre todo, se censura el papel desempeñado en las mismas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Es más, subraya que en ciertas ocasiones se actuó en contra del interés público y en beneficio de compañías privadas. El PP, que estaba en el Gobierno en el periodo escrutado, sostuvo ayer que el proceso de enajenaciones se hizo con luz y taquígrafos y se presentó como víctima de una persecución inquisitorial, olvidando que es una institución oficial, el Tribunal de Cuentas, la que ha puesto de relieve las irregularidades. El máximo órgano de fiscalización externa del Estado denuncia en su informe que dicho proceso pecó de grandes dosis de opacidad. Urgen las aclaraciones.