Vivienda financiará la promoción de pisos de alquiler con opción a compra
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, logró ayer culminar uno de sus proyectos estrella: la elaboración del Plan 2005-2008. El nuevo programa nace, además, con el consenso de todas las comunidades después de que el Gobierno haya tenido que renunciar a algunas de sus propuestas originarias, como la prohibición de financiar alquiler con opción a compra.
La ministra presidió la reunión celebrada en Madrid con los máximos responsables autonómicos del ramo y aunque ayer casi todo fueron parabienes, risas y satisfacción, llegar al consenso ha sido una ardua tarea.
El primer borrador del Plan de Vivienda que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en la reunión que celebra en Mérida, tierra de la ministra, contemplaba tres grandes novedades: un ambicioso plan antifraude de los pisos de protección oficial (VPO), fuerte incremento de las ayudas al alquiler y la creación de una VPO para rentas medias, la denominada vivienda protegida concertada.
Una vez analizadas las repercusiones que tendrían en el sector las novedades del plan, fueron numerosas las comunidades, tanto del PSOE como del PP, que presentaron alegaciones, las cuales han sido recogidas en esencia en el texto definitivo.
Descalificación de la VPO. Para frenar la venta fraudulenta a precio libre de las casas protegidas, el Ministerio propuso que la calificación de VPO se mantuviera a lo largo de toda la vida útil del inmueble. Esta medida fue ampliamente rechazada porque, según las regiones, suponía una grave injerencia del Estado en competencias meramente autonómicas.
Finalmente, Trujillo ha accedido a que sean los gobiernos autonómicos quienes regulen cuándo se podrá descalificar un piso protegido con un mínimo de 30 años. También se permite que transcurridos 10 años estas viviendas se puedan vender, justificando eso sí determinadas circunstancias, como movilidad laboral o acreditar que se es víctima de violencia de género, entre otras, a un precio superior a de la VPO, al que se establecerá un límite máximo.
Registro de demandantes. Junto con el mantenimiento de la calificación de protegida era la medida estrella con que el Ministerio quería combatir el fraude en las segundas y sucesivas transmisiones de esta clase de casas. Las regiones criticaron la complejidad que significaba trasladar a sus ordenamientos jurídicos esta figura y cuestionaron su eficacia en la lucha contra el fraude. Por ello, el Gobierno ha decidido finalmente que sean las comunidades quienes puedan arbitrar otra clase de mecanismos para combatir las prácticas fraudulentas.
Ayudas al alquiler. Además de las subvenciones aprobadas ya el pasado año para inquilinos (concesión de hasta 2.880 euros anuales durante dos ejercicios) y propietarios (hasta 6.000 euros en un solo pago) que pusieran sus casas en alquiler, el primer borrador prohibía taxativamente financiar con fondos estatales la promoción de pisos para arrendar con opción de compra, tal y como prevé entre otras Madrid. Ahora se ha optado por eludir esa prohibición.
Pisos de 30 a 45 metros. El Plan recoge también una nueva tipología de vivienda protegida en alquiler, de carácter transitorio, con un mínimo de 30 metros y un máximo de 45 dirigida a jóvenes menores de 35 años. Trujillo se mostró 'satisfecha' por el resultado de la reunión y reconoció el 'gran esfuerzo' realizado para lograr el consenso.
De la euforia de Valencia al enfado de La Rioja
La sensación general con la que ayer dieron por concluida la conferencia sectorial de vivienda los distintos responsables autonómicos del ramo fue de satisfacción. No era para menos, puesto que después de dos reuniones preparatorias anteriores en las que las posiciones estuvieron muy enconadas, por fin la semana pasada se pudo lograr el consenso. Sin embargo, al término de la reunión era curioso escuchar las distintas interpretaciones que se hacía del mismo. La Generalitat de Valencia fue una de las que demostró tener mejor infraestructura, ya que apenas una hora después de que hubiese finalizado la reunión, además de las declaraciones a la salida, había distribuido ya un comunicado en el que manifestaba su total satisfacción por el texto aprobado. El consejero valenciano, Rafael Blasco explicó que el nuevo programa 'contemplará las ayudas y el refuerzo a la rehabilitación aislada, que eran necesarias para impulsar notablemente las 124 áreas de rehabilitación declaradas en toda la Comunidad Valenciana y la renovación de 6.000 viviendas en barrios de escasos recursos de nuestros municipios'. Sin embargo, algunas regiones socialistas como Extremadura continuaron quejándose de ciertas injerencias en sus competencias.Pero, sin duda, la nota discordante la protagonizó La Rioja, que insistió en que el Ministerio no debe siquiera fijar en 30 años el periodo mínimo para poder descalificar una VPO y amenazó con recurrir al Tribunal Constitucional si el texto definitivo recoge esta norma.