Plan de reforma del sector audiovisual

RTVE se financiará con subvención del Estado y publicidad limitada

Radio Televisión Española se financiará mediante un sistema mixto, que combinará la subvención pública y los ingresos comerciales, según la propuesta que hoy presentará el Gobierno en el Consejo de Ministros. El texto contempla límites a la emisión de publicidad, que será en cualquier caso inferior a la permitida para las cadenas privadas.

El modelo económico planteado por el Gobierno para RTVE asume en líneas generales las conclusiones recogidas en el informe del llamado Comité de Sabios, que se hizo público el pasado mes de febrero y que proponía una financiación combinada de fondos públicos y comerciales.

El Anteproyecto de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal recoge que la subvención pública se concretará mediante un contrato programa de RTVE con el Estado cada tres años. En ese contrato se fijarán los objetivos, las actividades de servicio público, la gestión y la administración de la televisión pública, para lo que se establecerá una contraprestación. Todo ello, dentro de un mandato marco con un horizonte temporal más amplio (nueve años) en el que se incluirán las líneas estratégicas de actuación del ente público.

Exigencias de Bruselas

En cuanto a los ingresos comerciales, el Gobierno propone que la publicidad emitida sea inferior a la de las cadenas privadas. El texto prevé, asimismo, la venta de productos como vía adicional de financiación.

Si bien el comité de sabios propuso en su informe para las inserciones publicitarias de TVE el descenso de la tasa máxima, desde el actual 15% o 20% al 10% de la emisión diaria total, con el límite de nueve minutos en cada hora, fuentes cercanas a RTVE señalan que estas limitaciones no serán tan estrictas. Estas fuentes apuntan que, aunque el texto propuesto podrá sufrir modificaciones durante su trámite parlamentario, el modelo de financiación propuesto será una piedra angular y uno de los puntos en los que el Gobierno defenderá su postura con más fuerza.

El nuevo modelo recoge dos de las principales las exigencias de la Comisión Europea, que hace un mes dio carpetazo al proceso iniciado contra el ente público español. La propuesta del Ejecutivo prevé eliminar el aval ilimitado del Estado y poner fin a la financiación de RTVE mediante endeudamiento, un sistema que ha hecho que la deuda acumulada de RTVE alcance los 6.890 millones de euros.

El anteproyecto de ley modifica el estatus jurídico del ente público. El texto prevé la creación de la Corporación RTVE, una figura que tendrá forma de sociedad anónima pública con capital 100% estatal. æpermil;sta, a su vez, participará en sociedades para la prestación de los servicios de televisión y radio, así como otros relacionados e interactivos.

La Corporación RTVE será una entidad independiente del Gobierno y tendrá una gestión autónoma, según el anteproyecto de ley. El texto establece mecanismos de control interno y externo en la gestión, y la nueva sociedad anónima pública estará supervisada por el Parlamento y el futuro Consejo de Medios Audiovisuales.

Asimismo, la propuesta del Gobierno incluye la constitución de consejos informativos dentro de Televisión Española y de Radio Nacional de España, como medio de participación de los profesionales. Además, se prevé el establecimiento de un consejo asesor, que tendrá la misión de asesorar y presentar propuestas al Consejo de Administración como cauce de representación de la sociedad civil.

Director general

El director general de RTVE será nombrado por el consejo de administración en lugar de por el Gobierno, como hasta ahora. Según el texto, el proceso de designación será público y con criterios profesionales. El director general tendrá amplios poderes ejecutivos.

Un Consejo integrado por 10 miembros

El modelo propuesto por el Ejecutivo para la nueva Corporación RTVE prevé la creación de un Consejo de Administración independiente. El órgano de Gobierno de la entidad pública estará compuesto por diez miembros, frente a los cinco integrantes, con dedicación exclusiva, que proponía el comité de expertos en su informe.

De los cuatro consejeros, cuatro serán elegidos por el Congreso y otros cuatro serán designados por el Senado. Se reservan asimismo dos asientos para integrantes propuestos por las principales organizaciones sindicales de España, que a su vez serán elegidos por el Congreso.

Según el texto elaborado por el Gobierno, los candidatos propuestos para ocupar el puesto necesitarán una mayoría de dos tercios en el Congreso y del Senado para su elección. El mandato de los miembros durará seis años, con lo que supera el periodo de una legislatura. Con esta medida, el Ejecutivo se propone mantener el órgano de gobierno de los medios de comunicación públicos al margen de los cambios políticos.

Aunque el informe del comité de expertos encargado por el Ejecutivo hacía referencia a todos los medios de titularidad pública, incluida la Agencia Efe, el texto que ahora se presenta se limita a la radio y la televisión estatal y no contempla nada respecto a la agencia de noticias.