EE UU quiere procesar a KPMG por incitar al fraude fiscal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene preparada una querella sobre la auditora KPMG, una de las cuatro grandes del sector, por varios delitos de venta de productos financieros para evasión fiscal y obstrucción a la justicia. Estas infracciones fueron presuntamente cometidas entre 1996 y 2002. KPMG mantiene negociaciones con Justicia para evitar un proceso similar al de Andersen, que amenace su supervivencia.

La investigación sobre KPMG ha estado abierta desde hace varios años. Desde la empresa se admitió en 2004 que el Departamento de Justicia, a través de su oficina en Manhattan, había estado inspecionando a la entidad y a varios de sus socios que, desde entonces, ya no trabajan en ella. La Justicia puso su lupa sobre la empresa como parte de una investigación sobre el papel de las auditoras, los bancos y los bufetes de abogados en el desarrollo y promoción de paraísos fiscales. También la Hacienda de EE UU, el IRS, ha llevado a cabo varias pesquisas sobre algunos de los productos financieros que KPMG vendía a sus clientes y que son considerados como abusivos e inapropiados.

Hace unas semanas, según informaba ayer The Wall Street Journal, la auditora fue informada de que los abogados federales preparaban acusaciones formales de carácter penal por su agresiva promoción de refugios fiscales y por las dificultades que ha puesto al IRS para estudiar las evidencias del caso, además de sus presuntos esfuerzos por inducir al error a los investigadores.

KPMG negocia ahora con el Departamento de Justicia cómo proceder con estas acusaciones y tratar de evitar la interposición de una querella sobre la empresa, algo que permite la regulación estadounidense.

Las negociaciones son importantes porque llevar ante los Tribunales a la firma puede dar lugar a la repetición de una situación ya vivida con el caso de Andersen y que se saldó con su desaparición. El riesgo de acabar con la KPMG a raíz de un juicio penal es tan alto que uno de los más activos perseguidores de fraudes del país, el fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, ha tratado siempre de evitar este procedimiento para no perjudicar a los trabajadores. KPMG tiene 18.200 empleados sólo en EE UU. El escenario preocupa aún más después de que el Tribunal Supremo revocara hace unas semanas la condena de Andersen por cuestiones de forma, algo que puede ayudar a la sociedad ahora en cuestión.

En el caso de ser condenada, y bajo las reglas de la SEC, la compañía podría tener prohibido auditar a las empresas registradas ante el regulador bursátil, aunque en el caso de Andersen buena parte del problema fue que los clientes dejaron de confiar en ella mucho antes de su condena y se produjo un abandono casi masivo de grandes clientes. Teniendo en cuenta lo que se ha hecho en otros casos, las negociaciones que se llevan a cabo entre la auditora podrían sellarse con un acuerdo llamado de 'persecución aplazada'. Con ello KPMG podría evitar la querella a cambio de estar bajo extraordinaria vigilancia por parte de las autoridades para que se verifique que las actuaciones no se vuelven a repetir y que, en caso contrario, se vaya ante el juez sin más preámbulos.

Sanción grave

El acuerdo no librará a la firma de una importante multa, que también puede ser objeto de negociación, ni tampoco evita que los individuos responsables, unos 30 que ya salieron de la empresa, sean llevados al banquillo.

A primera hora de la mañana de ayer, KPMG hizo público un comunicado en el que reconocía la 'total responsabilidad por la conducta ilegal de los ex socios de la firma'. En la notificación se aclara que KPMG no provee de este tipo de servicios.

Una amenaza

Los abogados de KPMG creen, según explicaba ayer The Wall Street Journal, que incluso un acuerdo como el que se baraja con la Justicia es perjudicial para la imagen de una compañía que debe gozar de la absoluta confianza de sus clientes. La firma ha puesto en marcha una política de control de daños y ha contratado a una compañía de relaciones públicas y gestión de crisis para ayudar a su imagen pública.

El Senado ya señaló a la auditora

La investigación sobre los refugios fiscales fueron objeto de una comisión de investigación del Senado hace dos años. El informe de la Cámara Alta se hizo público en noviembre de 2003 y en él se concluyó que los refugios fiscales ya no eran cosa de unas pocas fortunas, sino que implicaba a grandes negocios.En el caso de la firma ahora investigada por la Justicia se hizo especial mención. 'Aunque KPMG niegue que es un promotor de refugios fiscales, la evidencia establece que dedicó sustanciales recursos y obtuvo significativas comisiones'. El informe también habla de que existieron refugios legales ilegales y potencialmente abusivos, según se recordaba ayer. En el tiempo que ha seguido a esta investigación del Senado cientos de clientes han tenido que llegar a acuerdos con la hacienda americana y han devuelto millones de dólares a las arcas públicas. Algunos clientes a continuación demandaron a KPMG.Otras competidoras como Ernst & Young pagaron 15 millones de dólares en 2003 a la hacienda estadounidense tras una investigación similar y PricewaterhouseCoopers fue también multada en 2002 por este organismo. En su comunicado de ayer, KPMG dice que lamenta lo ocurrido, que admite su responsabilidad y que además de no ofrecer estos servicios y asegurarse que no los ofrece más y que los responsables directos no trabajan más en la compañía.