La UE necesita una fiscalía para combatir el fraude
El año pasado, la Oficina Europea de la Lucha Antifraude (OLAF), encargada de perseguir la corrupción en el seno de las instituciones de la CE, abrió 81 casos nuevos. La mayoría de ellos se detectaron en la mediación de contratos públicos, las remuneraciones y otras ventajas de los funcionarios. El 65% de ellos se trataron de cohechos, el 27% de malversación y el 8% por imprudencia.
La actividad anticorrupción dentro de la UE es cada vez mayor, al menos en cuanto al numero de casos, pero aún tienen grandes dificultades. 'Necesitamos crear una fiscalía que permita encauzar el trabajo de la OLAF', opinaba Joaquín González, jefe de la Unidad de Magistratura de la OLAF durante su intervención de las Jornadas de æpermil;tica Pública de la Escuela de Negocios San Pablo CEU.
'Aunque estamos logrando una consolidación institucional, nuestra labor es muy difusa, pues el destinatario de nuestra investigaciones está en todas partes y tenemos que trabajar con 27 sistemas jurídicos diferente', se quejaba González, quien aboga también por una mayor especialización.
González recordó que la necesidad de crear una fiscalía antifraude ya se ha reflejado en un proyecto de modificación del reglamento de OLAF, que contempla de manera más precisa los derechos fundamentales, especialmente en el derecho a la defensa de los funcionarios.
La OLAF cree que con esta medida pondría fin a muchas de las críticas que se vierten sobre ella, en especial, cuando se alude a sus excesos en la labor de investigación en casos penales.
La OLAF cree que, de este modo, se marcará más la independencia de su labor, que está marcada por el ejercicio de funciones de investigación, que están garantizadas por estatuto de su director como por un Comité de Vigilancia.