Villepin retira el recorte del IRPF que prometió Chirac
El primer ministro francés, Dominique de Villepin, presentó ayer una ambiciosa batería de medidas que saquen a Francia del paro crónico que sufre desde hace veinte años y que se centra en congelar la rebaja del impuesto sobre la renta personal para destinar el ahorro a incentivar contrataciones. En un difícil clima de desconfianza popular que se puso de manifiesto tras el no a la Constitución Europea, Villepin se da cien días para convencer no sólo a la oposición, sino a su propio partido.
La apabullante batería de medidas presentadas ayer por el recién nombrado primer ministro, Dominique de Villepin, elegido in extremis tras el varapalo del no francés a la Constitución Europea, pretende ser una primera señal fuerte del 'nuevo impulso' para sacar a Francia de la división interna y de la grave crisis de identidad que atraviesa. Lejos del discurso napoleónico, Villepin aparcó la grandilocuencia que le caracteriza durante la presentación de su política ante la Asamblea Nacional, para centrarse en medidas concretas en la batalla contra el paro, 'el auténtico mal francés', como él mismo lo calificó, que ya supera el 10%. Un mal crónico que el país galo sufre desde hace veinte años.
Enmarcó su programa en el contexto social, interpretando el rechazo popular a la Constitución. 'No interpretemos el no a la Constitución como signo de un aislamiento francés'. El discurso de Villepin intentó de justificar el no de los franceses, no como un rechazo al proyecto europeo, sino como el deseo de otra Europa. El primer ministro galo insistió en que 'los franceses lo saben y lo dicen con fuerza: la globalización no es un ideal, no puede ser nuestro destino. Quieren preservar un equilibrio entre la solidaridad y la libertad'. La premisa sirve al Ejecutivo de parapeto frente a la incomprensión de sus socios europeos y de posible alternativa para sacar a Europa de la crisis actual. 'En sesenta años, Europa ha inventado una alternativa a la guerra y a las fuertes rivalidades. Hoy, debe inventar una alternativa a un mundo dominado por la defensa de los intereses particulares y de la ley del más fuerte'.
Equilibrio social y liberal
Villepin pide 100 días para convencer al país de cómo arreglar el paro de 20 años
El gran reto de Villepin, que cuenta con un estrechísimo margen político, no sólo de cara a la oposición pública, sino en el seno de su propio partido, que desconfía de la eficacia de un diplomático nunca elegido por las urnas, es el de conciliar al electorado. La estrategia del nuevo Ejecutivo pretende un equilibrio entre las posturas liberales y sociales para salvar los dos últimos años de legislatura hasta las presidenciales de 2007. De ahí que el primer ministro reconociera que parte de lo expresado el pasado 29 de mayo fuera 'el sufrimiento, la impaciencia, la cólera', a los que el impetuoso Villepin quiere dar respuesta con nuevas 'referencias', para 'poner a Francia de nuevo en marcha '.
Villepin, que se ha dado 'cien días' para convencer al electorado del nuevo rumbo del Gobierno, dio carpetazo a las promesas de reducción de impuestos del presidente Chirac para destinar el estrecho margen presupuestario al empleo. Desde 2002, Francia ha aplicado una reducción del 10% (frente al 30% evocado entonces) para enjugar parte de su déficit crónico. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, el déficit público ascendió en abril a 42.000 millones de euros, frente a 39.600 millones registrados en el mismo periodo del pasado año.
'La acción frente al inmovilismo' reivindicada por Villepin se traducirá en nuevas medidas para favorecer el acceso al mercado laboral, especialmente en jóvenes menores de 25 años, en los que el nivel de paro es del 20%. Para favorecer la contratación en pequeñas empresas, el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo tipo de contrato indefinido, en el que el periodo de prueba se extenderá a dos años, el Estado aportará un seguro de paro complementario y el acompañamiento personalizado del trabajador, así como nuevos medios, que todavía se desconocen, para recolocar a los asalariados en caso de despido.
En las empresas de diez empleados, el Estado se hará cargo de los gastos sociales por cada nuevo asalariado, estimados en 5.000 euros anuales, para atajar el efecto disuasorio de estas empresas a contratar más de diez personas.
Medidas para motivar el empleo
Para favorecer la integración al mercado laboral de las personas en paro, el Gobierno creará nuevas medidas de acompañamiento, que pasarán por el derecho a formación individual y la prioridad de recolocación en caso de 'despido económico', que florece debido a la deslocalización de empresas en países con mano de obra barata.
En un 'esfuerzo considerable', Villepin, que tuvo el insólito gesto de reunirse con sindicatos y actores sociales antes de la presentación de su política, anunció una prima de 1.000 euros destinada a las personas en paro desde hace más de un año que vuelvan al mercado de trabajo. La lógica de la medida pretende ser, según el Gobierno, 'privilegiar la actividad y un regreso rápido al mercado de trabajo'. El plan de urgencia, al que Francia destinará 4.500 millones de euros suplementarios en 2006, prevé además una ayuda de 1.000 euros destinada a jóvenes que accedan a un puesto de trabajo en un sector que presente dificultades de contratación.
El Ejecutivo permitirá desbloquear la participación de los asalariados en los beneficios de las empresas acumulados en 2004. A ello se añade la reducción de los precios del sector de la distribución y mayores posibilidades de crédito para las familias.
La privatización de empresas continuará
Retrasada en numerosas ocasiones por el explosivo clima social, el nuevo primer ministro francés, Dominique De Villepin, dio ayer una nueva señal para la apertura de capital de la gasística Gaz de France (GDF), 'para que pueda conseguir fondos lo más rápidamente posible', y para la continuación del proceso de aumento de capital de la eléctrica æpermil;lectricité de France (EDF), aunque sin precisar el calendario.El proceso de privatización de empresas públicas, acelerado por el anterior Gobierno, seguirá su curso con la cesión por parte del Estado de su participación en las sociedades concesionarias de autopistas, cuyos fondos recaudados irán a la Agencia para la Financiación de Infraestructuras de Transporte. La medida pretende 'relanzar las grandes obras de infraestructuras', dada la necesidad, según el Gobierno, 'de dar una señal fuerte de reactivación de la inversión pública'.El anuncio se produce días después del fiasco de la colocación de un 6,2% de France Télécom en el mercado, con la que el Gobierno recaudó 3.400 millones de euros, frente a los 4.500 millones que el Ejecutivo esperaba.