Energía

La CNE reclama la potestad para elaborar las tarifas de luz y gas

En las directivas sobre electricidad y gas que el Gobierno tiene previsto transponer este verano hay una cuestión clave: determinar las funciones del regulador de la energía, cuyo papel se reparten ahora la CNE e Industria. En un informe de la Comisión con las recomendaciones para adaptar dichas directivas, ésta reclama, entre otras, la potestad de elaborar las tarifas de la electricidad y el gas.

La Comisión Nacional de la Energía debería ser el órgano encargado de elaborar la propuesta de tarifas del gas y la electricidad para su posterior aprobación por el Gobierno, que estará obligado a motivar públicamente su decisión' en el caso de que no acepte dicha propuesta. Así lo expresa la CNE en un documento que el Ministerio de Industria le encargó sobre las distintas alternativas para la transposición de las directivas comunitaria sobre liberalización de los mercados de electricidad y gas que podría estar cerrada este verano.

Unas directivas cuyo contenido, excepto en lo relativo a las funciones del regulador o la independencia de los gestores de las redes de distribución energéticas, ya está prácticamente recogido en la normativa española.

Ambas directivas obligan a que los Estados miembros designen quiénes son la autoridad o autoridades reguladoras (un papel que en España comparten la CNE e Industria) y las funciones que les correspondan. En cualquiera de los casos, señala el informe, deben ser organismos 'totalmente independientes'.

En este sentido, la Comisión indica que estos organismos 'no deben estar integrados en la estructura de la Administración del Estado' y es tajante considera que la autoridad reguladora en materia energética, a efectos de las directivas, 'se concretaría, en España, en la CNE'.

Facultades del regulador

La competencia de mayor alcance que reclama la CNE es la de la elaboración de las tarifas, que en estos momentos corresponde al Gobierno (Economía e Industria) que, aunque recibe anualmente un informe de la Comisión sobre la propuesta que le remite, su opinión no es vinculante.

Aunque la directiva deja en manos de los Estados miembros la decisión de elegir quién debe fijar las tarifas (el órgano independiente o el ministerio correspondiente), lo que sí impone es la obligación de que, como mínimo, la CNE fije la metodología para calcular las tarifas del transporte y la distribución.

Fuentes del sector ven 'muy difícil que el Gobierno ceda la tarifa a la CNE, pues no quiere perder un instrumento que ha utilizado en su política macroeconómica'. Además, en Europa hay pocos casos, por el momento, de esta cesión de competencias a los reguladores independientes. Uno de ellos, es el de Portugal.

Además de urgir a la elaboración de una metodología 'clara, completa y acabada', la Comisión pide, asimismo, una mayor independencia respecto al Gobierno en cuestiones que le impiden en estos momentos hacer más ágiles sus decisiones. Por ejemplo, poder 'publicar directamente en el BOE bajo su propia rúbrica sus circulares y otras disposiciones para las que esté habilitada' y que se supriman estos trámites con Industria.

Teniendo en cuenta que las consideraciones de la Comisión, cuya presidencia se renovará en los próximos días, se refieren tanto al gas como a la electricidad, otra petición importante es la relativa a la supervisión de la seguridad del suministro, una tarea que la directiva permite encomendar a la CNE. En este sentido, el informe señala que la función de la supervisión se le debería atribuir 'específicamente y de manera exclusiva' a ella.

Entre las facultades que ahora atribuye la ley a este organismo está la de participar en el proceso de planificación energética, pero no la de supervisar la seguridad, algo que reclama para el futuro.

Publicar en el BOE

La CNE reclama mayor independencia para dar más agilidad a sus decisiones. Por ejemplo, poder publicar sus circulares y disposiciones en el BOE y evitar retrasos como el de las listas de operadores principales, cuya publicación oficial se demoró seis meses.

Sancionar y vigilar las cuentas de las empresas

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) pide más poder para ejercer las funciones que le encomiendan las normas comunitarias, que son: garantizar la competencia, el funcionamiento eficaz del mercado y que impida la discriminación entre operadores. En este sentido, la CNE reclama la potestad para imponer sanciones, ya que en estos momentos es el ministerio al que está adscrita (Industria) el que puede hacerlo, previa solicitud de la Comisión. Aunque bien es cierto que Industria nunca ha desestimado sus propuestas, el procedimiento quita autonomía al órgano regulador. Para garantizarla, éste reclama 'el control jurisdiccional de sus decisiones' y que se agote en sí misma la vía administrativa. Así, frente a una sanción de la CNE a las empresas ya sólo les quedaría el recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Otra petición relevante es un mayor acceso a la contabilidad de las empresas eléctricas y gasísticas, tal como tienen los órganos reguladores de otros mercados (financieros, de valores...). Un derecho que ahora tiene, pero que amplían las directivas europeas sobre energía.

En el ámbito de las cuentas de las empresas, la Comisión cree que también las comunidades autónomas tienen derecho a acceder a las mismas, para lo cual, se debería aprovechar, en su opinión, la transposición de las citadas directivas.