El PP supedita el pacto de Estado a que más suelo estatal sea para VPO

Las comunidades gobernadas por el PP están elaborando la propuesta que plantearán al Ministerio de Vivienda en la próxima reunión del Pacto del Suelo. Una de las exigencias básicas para poder suscribir ese acuerdo será que el Gobierno central se comprometa a destinar la mayor parte de su patrimonio de suelo a edificar pisos protegidos.

El Senado aprobó por unanimidad recientemente una resolución n la que instaba al Gobierno a suscribir un Pacto de Estado de Suelo. Por tanto, parece que sobre lo que no hay ninguna duda es que el consenso es necesario. Sin embargo, los dos principales partidos han iniciado la negociación con posturas todavía alejadas entre sí.

Por un lado, distintos altos cargos del Ministerio de Vivienda coinciden en señalar que el pacto 'no pretende actuaciones concretas, sino fijar un consenso general'.

Es más, durante las últimas semanas los mensajes son siempre los mismos: 'Debemos buscar lo que nos une y no lo que nos separa. La propuesta de pacto debe ser de contenidos claros, aunque no concretos', advierte uno de los responsables del equipo de María Antonia Trujillo.

De suscribirse el acuerdo, éste debería ser el germen para elaborar la futura ley nacional de suelo

Por su parte, entre las regiones gobernadas por el PP precisamente lo que más se critica del documento que presentó el Ministerio el pasado 7 de abril es su inconcreción.

'El texto lo único que hacía era fijar unos objetivos y en ello, tal y como le dijimos al responsable del Gobierno, estamos de acuerdo en lo fundamental', explica Pablo Matos, portavoz del PP en materia de Vivienda y Urbanismo. 'Pero para poder hacernos todos la foto de un Pacto de Suelo, debe concretarse mucho más', añade Matos.

El PP pone como ejemplo que uno de los puntos del documento señala: 'Las administraciones se comprometen a ejercer las competencias en materia urbanística con eficacia', pero no aborda 'qué mecanismos existen o se pueden crear para garantizar que eso sea así', insisten las mismas fuentes.

Pero si hay una cuestión que es necesario abordar, y además será definitiva a la hora de firmar o no el pacto, ésa es la situación de los patrimonios públicos de suelo.

Fue éste uno de los puntos motivo de conflicto en el intento de acuerdo que abordó el ministro Francisco Álvarez Cascos en 2003. El PSOE, entonces en la oposición, se quejó de que el documento que suscribieron las regiones del PP, País Vasco, Canarias y Cataluña no dejaba meridianamente clara la prohibición de utilizar las subastas en la venta de terrenos públicos, ni instaba a las administraciones a que destinasen esos suelos a la construcción de vivienda protegida (VPO).

Régimen de valoraciones

Ahora el PP, también en la oposición, va a recordarle al Ejecutivo central que si quiere que los solares de comunidades y ayuntamientos se destinen preferentemente a pisos sociales, 'presente primero un completo inventario de qué suelos son de su propiedad y a qué fines prevé dedicarlos'.

Otra propuesta que llevará el PP a la próxima reunión, para la que todavía no hay fecha cerrada, será la inclusión de acciones concretas para fomentar un recorte de los plazos que tiene en la actualidad el proceso urbanístico.

Dentro de ese objetivo, y como instrumento que ya han ido incorporando a sus legislaciones casi todas las autonomías porque ha demostrado que agiliza bastante los plazos urbanísticos está la figura del agente urbanizador. Algunas regiones gobernadas por el PP verían con buenos ojos que el Pacto del Suelo hiciera una mención expresa de esta figura (promotores que de acuerdo con los propietarios del solar proceden a su urbanización y edificación) para luego incorporarla al texto de la ley estatal de suelo, otro de los compromisos de Trujillo.

Fuentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat Valenciana reclaman también que el Ministerio concrete en próximos encuentros cómo será la futura reforma de la ley de valoraciones de suelo, también anunciada por la ministra.

Desde Cataluña, por su parte, tienen claro cuáles han de ser las cuatro actuaciones clave para lograr que los precios inmobiliarios moderen su avance. La primera está al margen del pacto del suelo, ya que se refiere al incremento de VPO a través del plan 2005-2008.

La segunda es 'la firma de un acuerdo para poner a disposición del mercado más terrenos urbanizados', asegura la directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla.

En este aspecto, pone como ejemplo que la tercera actuación debe ser el establecimiento de reservas de suelo para casas protegidas en los nuevos desarrollos urbanísticos 'y buscar mecanismos que impidan que el promotor respete esa reserva de suelo, pero lo deje después en barbecho porque es más rentable la vivienda libre'. Trilla, por último, es partidaria de modificar la ley de valoraciones para 'abaratar las expropiaciones'.