El Gobierno exigirá un aval financiero para cubrir los daños ecológicos
La transposición de la directiva europea sobre Responsabilidad Ambiental puede convertirse en ley antes de que finalice el año. Bruselas da como plazo hasta el año 2007 para trasladar estas medidas a la legislación local, pero España quiere tomar la delantera. 'Tenemos una grave carencia en la legislación ambiental y es urgente superarla', aseguró ayer Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente en la presentación del primer borrador del anteproyecto de ley.
Entre las novedades más destacadas de la directiva está la introducción de un aval financiero con el que se pretende cubrir los daños ecológicos. Cada país tiene la libertad de fomentar esta medida a su modo, que en España va a tener carácter obligatorio. 'Nuestra opción es la de exigir que las empresas cuenten con una póliza u otra forma de aval financiero', subrayó Narbona, quien dice que ésta es la primera propuesta que se hace al respecto y que aún debe contrastarse con el mundo empresarial y jurídico.
En concreto, el borrador propone tres formas de cobertura: por medio de un seguro, aval o la constitución de fondos ad hoc. Esta medida, que ya se utiliza en otros países europeos, quiere evitar que las empresas recurran a quiebras como forma de evadir sus sanciones ecológicas.
Y precisamente para asegurar que el daño queda subsanado sea cual sea la circunstancia, el Gobierno contempla la creación de un fondo estatal de reparación de daños ambientales que gestionará el Ministerio de Medio Ambiente. 'Queremos ir más allá de la responsabilidad del empresario y cubrir todos los supuestos', apunta Narbona.
Hay que recordar que la directiva también amplía el grado de responsabilidad, pues dice que el operador será responsable de los daños derivados de su actividad independientemente de si ha actuado o no con negligencia.
Con estas medidas se pretende fortalecer la legislación penal, que, aunque ya reconoce el delito ecológico, ha sido poco aplicado. 'Ha habido muy pocas condenas y en 20 años nadie ha ido a la cárcel por incendios', recuerda Narbona.