El futuro del mapa fiscal
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dio ayer una pincelada más de lo que el Gobierno pretende que sea el sistema tributario español del futuro. La mano derecha de Pedro Solbes, vicepresidente segundo, anunció que el Ejecutivo está dispuesto a ceder capacidad normativa a las administraciones autonómicas, tanto en lo que se refiere a la imposición directa como a la indirecta.
El único límite, al menos teórico, que esbozó Fernández Ordóñez ayer es que esas reformas fiscales autonómicas no desemboquen en 'una distorsión en las decisiones empresariales o en la asignación efectiva de recursos'. Una clara referencia al impuesto de sociedades
El guante lanzado por el secretario de Estado de Hacienda es un llamamiento claro a la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Los responsables políticos de estas administraciones siempre han demandado la posibilidad de tener un mayor margen fiscal. Sin embargo, son muy pocos los que han hecho uso activo de las oportunidades que ahora tienen de aumentar la presión fiscal en sus respectivos territorios.
Subir impuestos tiene un coste político evidente, sobre todo si ello no se traduce en una mejora evidente de los servicios que dependen de las administraciones respectivas. Si la reforma planteada sale adelante, deberán demostrar qué son capaces de hacer. Además, Fernández Ordóñez completó este planteamiento con el anuncio de la retirada de los recursos que el anterior Ejecutivo del PP había interpuesto contra la creación de determinados impuestos autonómicos. Un evidente mensaje de sosiego.
Decisiones y propuestas como las lanzadas desde el Ministerio de Economía y Hacienda suponen un paso adelante en el debate de la reforma del sistema impositivo y de financiación de las distintas administraciones españolas, que se encuentra en plena ebullición después de la apuesta del tripartito catalán.