El saldo positivo de la inmigración
El proceso extraordinario de regularización de trabajadores inmigrantes en España culminó el pasado sábado, arrojando un total de 690.679 solicitudes presentadas. El número de personas implicadas en este complejo trámite constituye en sí mismo un éxito después de tres meses de intenso trabajo para la Administración, los inmigrantes y sus empleadores. Pero, en realidad, se trata de un logro que excede la gran cantidad de personas y empleos que han pasado de la economía sumergida a ser integrantes plenos del sistema económico y legal del país.
En primer lugar, porque este periodo extraordinario de blanqueo de cientos de miles de trabajadores no registrados es un hecho sin precedentes en España y en el resto de países europeos. La iniciativa oficial, denostada con argumentos poco serios por algunos dirigentes de la oposición, ha puesto orden en el tumultuoso y vertiginoso proceso de inmigración de los últimos años. Una tarea nada fácil. España ha vivido en una década un cambio poblacional que llevó mucho más tiempo en el resto de Europa.
Además, la inclusión de casi 700.000 personas y sus familias, que aportarán sus cotizaciones a partir de ahora a la Seguridad Social, significa que contribuirán al sostenimiento de un régimen de bienestar del que también obtendrán sus beneficios. El hecho de que pagarán impuestos al quedar legalizada su actividad laboral constituye un factor favorable para la buena marcha de la economía.
Esta legalización es un importante paso igualmente en la integración social de los extranjeros. Algo que el Gobierno anterior ni siquiera tuvo en cuenta, tras permitir el ingreso ilegal de estas personas por necesarias para la economía del país. Ahora, tras haber cumplido con su programa en este punto, el Gobierno también deberá mostrar claramente que ha sido un proceso extraordinario que no puede volver a repetirse. Nadie debe pensar que puede emigrar irregularmente a España y esperar que, en algún momento, se abra un nuevo proceso de legalización.