Un suponer en Chamartín
Avanzan los trenes, mientras se disocia la Renfe. Porque, como dijo el inolvidable José María Pemán en El divino impaciente, aquella pieza teatral en verso que puso patas arriba la II República, 'mientras se despeña el río se está secando la huerta'. Avanza el tren de la designación de Madrid como ciudad olímpica para 2012. Avanza el AVE a velocidad limitada hacia Zaragoza y Barcelona con algunos años y locomotoras de retraso y otros tantos millones de euros de adelanto. Avanzan los trenes de cercanías que suscitan la admiración del uno al otro confín. Y a lomos de diferentes consorcios y tutelas públicas y privadas se detiene la Operación Chamartín, la mayor ocasión que vieron los siglos, por decirlo en palabras de Cervantes, cuyo aniversario conmemoramos hoy, dedicadas a la batalla de Lepanto en la que perdió la utilidad de un brazo.
Por eso conviene analizar un suponer en Chamartín. Supongamos que Renfe, en adelante ADIF y las Administraciones públicas decidieran un gran parque para Madrid sobre las vías liberadas de Chamartín. Si así fuera no habría un futuro para viviendas, ni para la concesionaria DUCH, ni tampoco reversionistas.
Otro suponer es que ADIF decidiera seguir adelante con un proyecto a todas luces irregular porque la adjudicación inicial de 650.000 metros cuadrados fue ampliada hasta 2.000.000 de metros cuadrados a favor de Argentaria, en adelante BBVA, y de Constructora San José sin el prescrito concurso público a que obligaba la ley. Carencia subrayada en su día por los servicios de Renfe.
Estamos ante una espléndida ocasión de elaborar un inventario de los terrenos propiedad del Estado, en manos de los ministerios y de las empresas públicas
Si se optara por esa segunda posibilidad, desatendiendo la normativa legal, ADIF debería declarar la desafección de los terrenos, momento en el que entrarían en juego los reversionistas, quienes podrían proceder de alguna de las tres maneras siguientes: a) compensando a ADIF para recuperar 1.500.000 metros cuadrados a que tienen derecho; b) cediendo esos terrenos a ADIF al precio y en los plazos que convinieran; c) vendiendo esos terrenos a DUCH, la adjudicataria de la operación Chamartín en los términos irregulares antes aludidos, con lo que patrimonializaría ese suelo.
Claro que la cifra de 1.500.000 metros cuadrados debe disminuirse en los 100.000 negociados en el contrato suscrito por el padre Villamandos, titular de la provincia canónica de Toledo de la Compañía de Jesús. Un contrato secreto, según especifican sus cláusulas, que propició en su día el piadoso alcalde José María Álvarez del Manzano y que articuló un conocido despacho de abogados de cuyo nombre no quiero acordarme, por seguir en la línea de don Miguel.
En próximos días analizaremos las consecuencias de cada una de esas tres posibilidades. Pero ahora que la ministra de la Vivienda acude a Construmat en Barcelona para escuchar propuestas sobre soluciones habitacionales; ahora que algunos se alzan para proclamar el sinsentido de un departamento ministerial sin posibles competencias, habida cuenta de todo lo que se ha transferido en materia legal y de propiedad del suelo; ahora es buen momento de advertir que el desvalimiento no es tan absoluto.
Tal vez estamos ante una espléndida ocasión de elaborar un inventario de los terrenos propiedad del Estado, en manos de los distintos ministerios, y de las empresas públicas. Entonces habría la posibilidad de fijar los criterios para su asignación a las viviendas de protección oficial y precio tasado para presentar una oferta inmobiliaria que corte el nudo gordiano de la carestía imparable en la que nos encontramos.
Es una cuestión de prioridades que corresponde establecer al Gobierno, por encima de los intereses sectoriales de los diversos departamentos que acarician la idea de obtener recursos con la venta, al mejor postor, de los suelos que tienen asignados para lucrarse de esos atípicos y cumplir los objetivos de austeridad presupuestaria a que vienen obligados. Por eso también habrá que reflexionar, supongamos, sobre cómo proceder en la operación Chamartín.