Trabajo ve señales de fraude en la regularización de inmigrantes
La Inspección de Trabajo ha detectado señales de contratación fraudulenta en una de cada tres solicitudes de regularización de inmigrantes que ya han sido presentadas a la Seguridad Social. Los inspectores escogerán ahora, mediante un muestreo aleatorio, qué casos estudian para determinar si hay o no fraude y rechazar la solicitud.
La Inspección de Trabajo está siguiendo muy de cerca el proceso de regularización de inmigrantes para asegurarse de que las solicitudes de legalización de los trabajadores no son fraudulentas.
La fórmula escogida para detectar posibles intentos de fraude a la Seguridad Social es un 'sistema de alarmas' que se activa cuando las solicitudes cumplen cualquiera de los siguientes requisitos: que un cabeza de familia trate de dar de alta a más de tres empleados de hogar; que una empresa con menos de seis meses de vida emplee a más de diez trabajadores o que cualquier empresa duplique, triplique o quintuplique su plantilla por la contratación de inmigrantes regularizados.
Aplicando este sistema, el Ministerio de Trabajo ha detectado que aproximadamente una de cada tres solicitudes de regularización han hecho saltar las alarmas de la Inspección en, al menos, una de las tres vías citadas.
Las sanciones por contratar a un inmigrante ilegal oscilan entre 6.000 y 60.000 euros
Fuentes de este organismos indicaron en el momento en el que la Administración había recibido ya unas 300.000 solicitudes, aproximadamente 100.000, esto es un tercio del total, hicieron saltar las alarmas dispuestas por la Inspección. Esta proporción se mantiene en términos similares a medida que avanza el proceso.
Una vez detectadas estas solicitudes, los efectivos de la Inspección escogerán un amplio muestreo para analizar pormenorizadamente la validez de dichas peticiones y rechazarlas en caso de que el empresario trate de cometer alguna ilegalidad o regularización fraudulenta.
No obstante, fuentes de la Inspección explicaron que sus efectivos tendrán que ser más 'flexibles' a la hora de detectar fraudes en los casos en los que salta la alarma porque la empresa duplica su plantilla, ya que en muchas ocasiones se da el caso de que una pequeña empresa con dos trabajadores españoles y otros dos inmigrantes ilegales, regulariza a estos últimos, con lo que duplica la plantilla. Sin embargo estas regularizaciones pueden estar perfectamente en regla. Por ello, la Inspección deberá estudiar estos casos con mayor detenimiento y ser 'menos rígidos con estas solicitudes', insistieron estas fuentes.
Paréntesis de tres meses
Además de ejercer un control sobre las solicitudes que hacen saltar las alarmas de la Inspección, los inspectores están colaborando activamente en el proceso.
Durante los tres meses que dura esta regularización extraordinaria (entre el 7 de febrero y el 7 de mayo), los inspectores no están sancionando a los empresarios que comprueban que tienen a inmigrantes irregulares trabajando para ellos. 'Cuando un inspector encuentra a un inmigrante trabajando de forma ilegal, el empresario siempre suele decir que el extranjero ha empezado a trabajar ese mismo día, pero sabemos que no es cierto y que lleva un tiempo en España', indican fuentes de la Inspección. Por ello, en estos casos, en lugar de aplicar las sanciones que se aplican habitualmente, los inspectores hacen un requerimiento al empresario infractor para que se acoja al proceso de regularización y trate de legalizar a sus empleados.
No obstante, los inspectores aseguran que esta forma de actuar no perjudica su actividad, ya que les está sirviendo, además, para 'conseguir mucha información que podrán aplicar en las inspecciones que se hagan una vez se cierre el proceso de regularización'.
En los últimos años, coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes, la Inspección de Trabajo destina una de sus tres áreas de actuación a las infracciones en materia de inmigración y extranjería (las otras dos áreas de actividad son las de relaciones laborales y las de la Seguridad Social).
El pasado año, la Inspección de Trabajo realizó 34.301 actuaciones o visitas a empresas en materia de inmigración, detectando la contratación ilegal de 13.800 trabajadores extranjeros. Por estas infracciones los Inspectores impusieron sanciones por valor de 85 millones de euros. La ley recoge sanciones por este motivo que van desde los 6.000 euros a los 60.000 por la contratación ilegal de trabajadores inmigrantes.