Más claridad con las tarjetas

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha asestado un serio varapalo a las sociedades emisoras de tarjetas, Servired, 4B y Euro 6000, y por extensión a sus propietarios, los bancos y las cajas. El tribunal les obliga a reformular los cálculos en que basan las comisiones que cobran a los comerciantes por las ventas con tarjeta. La dura resolución del tribunal, que describe el actual sistema como falto de objetividad y carente de transparencia y de lógica económica, puede servir para introducir más claridad en un medio de pago cuyo volumen de transacciones representa el 8,8% del PIB español.

En primer lugar, y sin razón aparente, las comisiones que cobran las entidades al comercio no se corresponden con los costes reales y son dos veces más altas en España que la media de la UE. La resolución debe servir para acabar con este agravio comparativo. El TDC obliga también a fijar tarifas diferentes para las tarjetas de crédito y de débito, ya que entiende con toda lógica que el riesgo para las entidades es mucho menor en estas últimas. También carece de sentido, y así lo reconoce el TDC, que se cobre una tasa diferente en función del sector a que pertenece el comercio y su facturación, lo que facilita discriminaciones entre establecimientos y arbitrariedades nada deseables.

Las asociaciones de comerciantes, promotoras de la denuncia, han recibido con alborozo la resolución, que puede suponer para el sector un ahorro de 480 a 600 millones de euros. No obstante, tampoco deberán eludir su responsabilidad y habrá que observar si, como han asegurado, este ahorro se traslada a los precios que pagan los consumidores en las tiendas.

Las centrales de compras aseguran que reclamarán a la banca el diferencial de comisiones pagado los últimos tres años. Mientras, la banca estudia fórmulas para compensar la pérdida de ingresos que le supone el nuevo escenario. El comercio gana una importante batalla en una guerra larga que, probablemente, no acabará aquí.