En defensa de los minoritarios

El despertar del pequeño accionista

Un pequeño agujero hunde un barco'. Esta es la cita de presentación que se puede leer en la página web de Accter.com, la asociación de pequeños accionistas de Terra, que lleva batallando con Telefónica desde el año 2002. Este espíritu combativo es poco común entre los pequeños accionistas españoles, a los que se les ha tachado de apáticos por la pasividad a la hora de gestionar sus inversiones. Los últimos datos apuntan a que un 26% de la población española tiene parte de sus ahorros en Bolsa, pero la mayoría no sigue activamente la evolución de su capital, ni le interesa las decisiones de los consejos de administración. En realidad han decidido meter sus ahorros en determinado fondo de inversión porque se lo ha aconsejado un empleado de su banco.

Este pobre perfil del inversor español es el que describen las propias asociaciones de accionistas, que saben que los pequeños inversores sólo reaccionan cuando hay un verdadero problema que pone en peligro sus ahorros. En España no son muy numerosas y las más conocidas comparten el nombre con algún gran problema financiero. Una de las veteranas es la Asociación de Reagrupamiento de Accionistas de Banesto, surgida en 1993 a raíz de la intervención del banco, también la polémica Avánzit tiene su propia agrupación independiente de accionistas minoritarios; otra de las más conocidas es Adicae, la Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros, que se inició en la defensa de los accionistas cuando la estafa del caso AVA, pero ha continuado defendiendo a los afectados por Gescartera o la opa de Telefónica sobre Terra.

La CNMV, los analistas, los políticos y los consejeros a favor de la extensión de las normas de buen gobierno han denunciado la falta de participación de los inversores en la juntas y la gestión de la empresa, incluso de los inversores más informados. La práctica más extendida en el mercado español es que si no se está de acuerdo con la política de la empresa, se vende la acción y se termina el conflicto.

En España, la mayoría de los nombres de asociaciones de accionistas tienen el apellido de un problema financiero

Muchos expertos reclaman que se amplíen las facultades de delegación de voto entre minoritarios

Si se tiene en cuenta esta falta de implicación, no sorprende que en España no existan asociaciones realmente fuertes que estén defendiendo las posturas de los pequeños accionistas, como sucede en otros países, especialmente los anglosajones, que tienen una gran tradición asociacionista.

Pero este gran hueco no va seguir vacío por mucho tiempo. La gran polémica que levantó el anuncio de la creación de Aemec, que se presentaba como la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, respaldada por Juan Bolás, ex presidente del consejo del notariado, y el abogado Javier Cremades, entre otros, pero sin la representación de pequeños inversores, es el primer episodio de la batalla por representar a los inversores dispersos. Accter.com no tardó en responder y asegura que en pocas semanas presentará oficialmente una nueva federación que agrupará a diez asociaciones de inversores.

El cruce de acusaciones y las disputas entre los distintos grupos han puesto en alerta a los que anhelaban un mayor activismo accionarial. En los círculos privados de profesores y expertos se mira con cierto recelo hacia la mayoría de estas asociaciones a las que se achaca falta de profesionalidad; y se les acusa en ocasiones de ser una forma de sustento para sus responsables, más que una verdadera herramienta para la defensa de los inversores.

La falta de madurez en la representación de accionistas también se ve reflejada en las escasez de clubes de inversión, que en otros países gozan de gran popularidad.

EE UU, Canadá y Suecia son los países donde el activismo accionarial se vive con mayor intensidad. El contraste se hace notar especialmente si pensamos que en EE UU una nueva ley va a permitir que en las juntas de este año los accionistas minoritarios puedan votar a los consejeros independientes, e incluso proponer candidatos no oficiales.

Hasta llegar a este punto, el mercado de valores estadounidense ha recorrido un largo camino que empezó cuando los mormones decidieron agruparse para asegurarse de que sus ahorros no pasasen a manos de empresas que estuviesen relacionadas con el juego, las armas y el alcohol.

La gran diferencia con España sin duda tiene un componente histórico, pues en estos países llevan muchas décadas de ventajas en el desarrollo del capitalismo popular. Pero también hay uno cultural, pues no existe la tradición de agruparse por intereses comunes, mientras que en el resto de Europa hay asociaciones en los ámbitos más insospechados.

Los gestores de fondos de pensiones, una fórmula aún no muy desarrollada en España, también juegan un gran papel en el activismo accionarial. Los inversores institucionales, que deben responder ante grandes grupos de pequeños accionistas, se han convertido en uno de los segmentos más activos al plantear en la junta preguntas muy concretas a los altos directivos.

En los últimos años se ha avanzado mucho, en especial desde la aprobación de la Ley de Transparencia, que garantiza la información al accionista y su asistencia a la juntas. Pero queda mucho por hacer en el ámbito de los derechos del accionista. La práctica es muy diferente a la teoría y los más críticos se quejan de que el marco legal actual no deja mucho margen de acción para que las asociaciones tengan éxito.

En primer lugar, se habla de que los accionistas deberían contar con un plazo más amplio, más allá de los 15 días contemplados por la ley, para analizar la documentación de la empresa y poder plantear sus propuestas.

Además, tampoco es fácil conseguir permiso para asistir a la junta. La Fundación de Estudios Financieros lo ha puesto en evidencia en un estudio reciente, al resaltar que la mayoría de las empresas cotizadas establecen la obligatoriedad de representar un número mínimo de acciones o un valor nominal de capital social para poder asistir a la junta general de accionistas. Por eso, muchos expertos reclaman que se actualice la ley para que se amplíen las facultades de delegación de voto entre minoritarios y que estas asociaciones puedan organizarse más fácilmente a la hora actuar en nombre de sus representados.

Pero no todo el mundo está a favor de que se desarrolle el activismo accionarial. Muchos consejeros miran con desconfianza a estos grupos, que suelen poner trabas a sus decisiones más difíciles o dan demasiada publicidad a los asuntos más oscuros. Una opinión muy extendida en España es la de no querer convertir las juntas de accionistas en el escenario de debates públicos. Pero, guste o no, la implicación del pequeño inversor es imparable. Y no sólo por la proliferación de asociaciones que quieren defender sus intereses. También estamos a punto de vivir la eclosión del voto electrónico, que elimina la necesidad de trasladarse para aprobar las decisiones del consejo. O para rechazarlas.