El Gobierno facilitará el bloqueo de las cuentas bancarias sospechosas
El Consejo de Ministros estudió este viernes el Reglamento de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo que regula el funcionamiento de la Comisión de carácter interministerial con competencia para intervenir cuentas bancarias y prohibir su apertura. La citada comisión fue creada en 2003 por el anterior Gobierno y ahora ha sido reactivada.
Está formada por representantes de los Ministerios del Interior, Justicia, y de Economía y Hacienda, así como por un miembro del Ministerio Fiscal. Estarán asistidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado y actuarán en coordinación con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o la Comisión del Mercado de Valores.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó que el respeto de la Comisión a las libertades individuales estará garantizado a través del procedimiento administrativo común. Sus decisiones podrán ser impugnadas ante la Sala de lo contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Cuando aparezcan 'indicios racionales de delito', la Comisión deberá transferirlo a la jurisdicción penal.
El proyecto incorpora el procedimiento por el que las entidades bancarias tendrán que informar a la Comisión de cualquier operación sospechosa relacionada con el blanqueo de dinero que pudieran detectar.
El Proyecto será sometido ahora a los Ministerios de Justicia, Economía y Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez supervisado por estos departamentos, se solicitarán dictámenes preceptivos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
El Gobierno también aprobó este viernes la modificación del reglamento de explosivos en el que se establecen mayores garantías para su vigilancia y seguridad. Al mismo tiempo, se han endurecido las sanciones económicas para los responsables de polvorines que eludan sus obligaciones.
Las nuevas medidas aprobadas
l Ampliación en seis meses del plazo para que las víctimas puedan solicitar indemnizaciones al Estado. El Gobierno calcula que la medida podría reportar cuatro millones de euros a un centenar de personas.l Creación de una Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de la Audiencia Nacional, con el objetivo de asesorar y dar información procesal.l Endurecimiento penal para los delitos relacionados con la utilización y vigilancia de explosivos. Aumento de las medidas de seguridad frente a robos.l Bloqueo de la financiación del terrorismo. Reglamento regulador de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación.l Datos compartidosSe crea una Subdirección para poner en común la información sobre terrorismo de todos los Cuerpos de Seguridad del Estado