Una ciudadanía unida frente a la barbarie terrorista
Hoy hace un año, una decena de bombas hicieron explosión en cuatro trenes de cercanía de Madrid que transportaban a más de seis mil pasajeros y en los que encontraron la muerte 192 de ellos y sufrieron heridas de diversa consideración más de 2000. En el primer aniversario del atentado más sangriento de la historia de España, todavía se recuerdan con angustia las escenas de dolor que recorrieron el mundo entero y que marcaron un antes y un después en la vida cotidiana de la ciudad. El Congreso de los Diputados recordó ayer a las víctimas mediante una declaración institucional en la que proclama su reconocimiento al pueblo español por la manifestación de ciudadanía, reitera la necesidad de perseverar la unidad de los partidos políticos frente al terrorismo y renueva su compromiso de hacer de la lucha antiterrorista 'la prioridad fundamental de toda la acción política'.
Contemplando lo que hemos vivido en este año con cierta perspectiva política, es evidente que algunos de los temores que emergieron tras la masacre han desaparecido con el tiempo. Las muestras de solidaridad ofrecidas por miles de personas anónimas y la conciencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos han despejado cualquier posibilidad de reacción en clave xenófoba hacia el mundo musulmán, por más que en algunos medios se siga hablando del 'terrorismo islámico'.
La cercanía del múltiple atentado al proceso electoral del 14-M condujo al primer partido de la oposición a vincular su fracaso en las urnas con las circunstancias políticas que rodearon la masacre, percepción que le ha dificultado visiblemente la digestión del resultado electoral y que ha empañado también el recorrido de la comisión de investigación creada en el Congreso y que ultima en estos días sus conclusiones en un clima de cierta tensión.
Cuando se produjo la tragedia, en la retina de los ciudadanos todavía estaba grabado el respaldo dado por José María Aznar a la guerra contra Irak, una circunstancia que posiblemente sí que pesó en el desenlace electoral y que el Partido Popular arrastra todavía como una rémora del pasado, a la vista de lo que está ocurriendo en el país invadido y de la remodelación sumamente limitada que se dio en la cúpula del partido tras su último congreso nacional.
De cualquier modo, si algo ha quedado claro en las indagaciones judiciales sobre el 11-M, es la falta total de pistas que permitan ligar los atentados con ETA, en contra de la tesis manejada por el anterior Gobierno y de las sospechas que aún hoy mantiene vivas el PP.
El mazazo terrorista golpeó a Madrid dos años y medio después de la destrucción de las Torres Gemelas, suceso contemplado en tiempo real en todo el mundo y que significó, además de una evidente quiebra política y cultural, el inicio de una cruzada antiterrorista sin precedentes por parte de Estados Unidos y el replanteamiento del nuevo orden internacional nacido con la caída del Muro de Berlín y la posterior descomposición de la Unión Soviética.
Redes de terrorismo internacional
Con estos resortes y la caducidad prematura de los planteamientos que hasta entonces utilizó la diplomacia internacional para alcanzar un mundo seguro y más justo, la pugna política en España y la tendencia a deslegitimar los resultados del 14-M por parte del PP, todavía se mantienen vigentes, como si el electorado estuviera esperando una especie de ajuste de cuentas contra el Gobierno que ni se dio en las elecciones europeas ni tampoco en el reciente referéndum constitucional.
El único ajuste de cuentas que se ha producido ha sido contra la red terrorista que Al Qaeda tenía establecida en España como una de sus principales bases europeas. Las Fuerzas de Seguridad detuvieron el año pasado a 266 presuntos terroristas, 131 de ellos vinculados a las redes del terrorismo internacional. En paralelo, el Ministerio del Interior destinó casi 60 millones de euros a la atención de las víctimas, 43 de ellos dirigidos expresamente a los afectados por el 11-M.
Con estos atentados, los servicios policiales que se habían especializado en ETA han asistido un tanto sorprendidos a un uso diferente del terror, el que están dispuestos a practicar dando su vida aquellos que se aprovechan de las ventajas de actuar en una sociedad abierta y democrática como la española, que se ha demostrado tremendamente vulnerable a estos ataques. Los sucesos de Leganés lo demuestran.
Los expertos que han comparecido en el Congreso durante los últimos meses han señalado que España, como el resto de los países de la Unión Europea, no se encuentra libre de la posibilidad de nuevos atentados de esta naturaleza, pues hay grupos violentos de corte radical de muy diversa procedencia que pertenecen a diversos sectores sociales adoctrinados en contacto con el fundamentalismo religioso.
Las alarmas siguen, pues, encendidas, en un momento en el que la lucha contra el terrorismo internacional se sustenta en unos pocos principios fundamentales, entre ellos la solidaridad con las víctimas, la unidad de todas las fuerzas políticas, la cooperación internacional y la protección de las libertades civiles y de los derechos ciudadanos, condición esta última que echan de menos muchos ciudadanos estadounidenses desde el 11 de septiembre de 2001.
Desde que se celebraron las últimas elecciones generales, a sólo tres días de los atentados, el nuevo Gobierno ha sentado las bases para que se de la máxima prioridad a la atención a las víctimas mediante un abanico de medidas que han ido desde la ayuda económica hasta la obtención de la nacionalidad española por parte de las que son extranjeras.
Legislación a nivel europeo
El Ejecutivo de Zapatero se ha comprometido en reiteradas ocasiones a desarrollar una legislación que garantice en todo momento, en sintonía con las normas que puedan regir en el resto de la Unión Europea, el apoyo a las víctimas del terrorismo y sus familiares, ambición que podría derivar en la creación de una Oficina europea de ayuda a las víctimas, con sede en Madrid.
Los diputados de la comisión de investigación del 11-M también han defendido el mantenimiento vivo de la memoria histórica en torno a estos atentados, interés que podría llevar también a alzar un monumento cercano a la estación de Atocha o a la habilitación de algún punto de encuentro ciudadano para el recuerdo de las personas que perdieron su vida cuando acudían a sus trabajos o a sus escuelas.
Buena parte de los parlamentarios que han trabajado en las conclusiones de la comisión son partidarios también de redactar una especie de código de conducta para la autorregulación de las informaciones que se emiten cada vez que hay un atentado terrorista. Hay muchas sensibilidades en juego y, con motivo del 11-M, algunas resultaron heridas, tal como se han encargado de recordar las asociaciones de víctimas y el alto comisionado que las representa, el profesor Gregorio Peces Barba.
La convivencia democrática desarrollada en España a lo largo de los últimos 25 años se resiente de lleno con cualquier atentado y, muy especialmente, con masacres como la ocurrida en Madrid hace un año. Nadie estaba preparado para este nuevo tipo de terrorismo y eso ha obligado a la policía a darle un tratamiento diferenciado que, hasta el momento, se ha saldado con relativo éxito. El Gobierno ha dotado de mayores recursos a las unidades especializadas en este tipo de terrorismo y ha mejorado la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad para combatirlo, además de haber reforzado los servicios de inteligencia.
Control de las fuentes de financiación
Hay todavía asignaturas pendientes por aprobar como se ha puesto de relieve en el Parlamento. Por ejemplo, la de conseguir un mayor control sobre las fuentes de financiación de este tipo de terrorismo, partiendo de la premisa de que utiliza una panoplia de cauces delictivos como el tráfico de drogas, la falsificación de moneda y el control de circuitos financieros que, hoy por hoy, tal vez siguen escapando al control de las autoridades. Está claro que el dinero sigue siendo el principal oxígeno del terrorismo.
La lógica va a conducir también al Gobierno a ejercitar un mayor control sobre la inmigración ilegal y a reformar la normativa que afecta a la vigilancia de explosivos, cuyo robo debería ser detectado con mayor agilidad cuando se cree la futura red de alerta contra este tipo de delito, con alcance para toda la UE.
El 11 de marzo se puso también a prueba la capacidad de respuesta de numerosas instituciones públicas para brindar diversos servicios sociales de urgencia requeridos para encarar una tragedia humana de tanta envergadura. Pese a que la respuesta fue muy satisfactoria y la solidaridad y la colaboración ciudadana no tuvieron límites, sería factible crear un comité estatal de crisis, y en ello están de acuerdo los principales partidos, para involucrar también en esta necesaria coordinación a las distintas comunidades autónomas.
Los compromisos contraídos por el Gobierno como consecuencia de los atentados van mucho más allá y afectan también al diseño de una política exterior y de seguridad común que refuerce la coordinación contra el terrorismo no sólo entre los miembros de la UE sino también a escala internacional, especialmente a través de convenios de colaboración con los Estados árabes, sobre todo con Marruecos, Argelia y Túnez, en materia de inteligencia, acceso a bases de datos conjuntas, armonización de legislaciones, investigaciones compartidas e instrucciones judiciales.
Según lo han entendido las principales fuerzas políticas, el impacto de la tragedia obliga también a promover plataformas de diálogo intercultural y a intensificar los programas de desarrollo compartido con el mundo islámico, en particular con Marruecos y el Norte de África, para promover una mayor integración social, económica y cultural de la comunidad musulmana en España.
El Gobierno considere prioritario eliminar las fuentes de frustración y marginación que aquejan a los inmigrantes que viven en nuestro país. Para ello considera necesarias nuevas pautas de comportamiento que, por ejemplo, permitan practicar el culto musulmán en España sin ser objeto de discriminación.
En cierta medida, los atentados perpetrados el 11-M nacieron de grupos radicales locales. De ahí que las respuestas policiales, políticas y culturales deban buscarse tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.