Política

CiU sopesa las consecuencias de frenar el Estatuto catalán

Convergència i Unió (10 diputados en Madrid y 46 en Cataluña) afronta un debate entre quienes defienden el regreso a los trabajos de reforma del Estatuto y quienes, por el contrario, ven la oportunidad de provocar un adelanto de las elecciones autonómicas, en busca de un cambio de alianzas en Madrid.

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se someterá, probablemente el miércoles, a la moción de censura presentada por el PP con buena parte de su partido todavía atónito por el alcance que está teniendo para el Gobierno tripartito y también el que puede tener para la política nacional, el hundimiento del túnel del Carmel, un suceso que ha afectado directamente a un millar de ciudadanos residentes en un barrio que vota tradicionalmente al PSC.

CiU dispone de mayoría de bloqueo en la reforma estatutaria que prepara la Generalitat. Consciente de ello, su líder, Artur Mas, está decidido a jugar fuerte sus cartas hasta el final, aprovechando la crisis creada por las acusaciones de corrupción lanzadas por Maragall contra la anterior Administración catalana. El sector mayoritario de CiU se decanta por intentar erosionar al tripartito aprovechando su gestión del desastre, mientras que algunos dirigentes de la coalición quieren llegar más lejos y defienden que el camino más recto para recuperar influencia en Cataluña y en Madrid es frenar el Estatuto, intentar provocar elecciones anticipadas en esta comunidad y, como consecuencia de ello, promover un cambio en las alianzas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene con Esquerra Republicana y con IU. 'Sabemos que si vetamos el Estatuto, Maragall concurriría a los comicios como abanderado de una reforma histórica que no ha prosperado por culpa nuestra. Pero creemos que si obtuviera mayoría, pactaría con CiU, facilitando a Zapatero el cambio de socios en Madrid. Lo mismo ocurriría si ganáramos nosotros', apunta un alto dirigente de la coalición, persuadido de que 'sólo si cambia el escenario catalán puede devolverse a ERC y a IU a un papel marginal'.

De momento, el pulso entre Maragall y Mas se mantiene, agravado por la querella presentada contra el primero el pasado viernes. El debate de la moción de censura testimonial -'y muy oportunista', añaden en el PSOE- presentada por el líder del PP catalán, Josep Piqué, será un buen termómetro para medir la voluntad del PSC y CiU de recuperar el clima de diálogo anterior a los graves sucesos del Carmel.

'Tenemos claro que a nadie le conviene desenterrar denuncias de corrupción, pues es un debate en el que todos saldríamos perdiendo ante los ciudadanos', afirman fuentes del PSC. 'No obstante', añaden, 'nadie sabe como terminará un pulso que nunca debió empezar. El tablero político es tan complejo que hasta ERC ha tanteado con CiU un escenario de anticipo electoral.

El pacto sobre financiación tendrá que esperar

El PSC no podrá utilizar la financiación autonómica como señuelo para evitar un eventual veto de CiU a la reforma del Estatuto. El Ministerio de Economía tiene claro que la renovación del modelo vigente de financiación no debe mezclarse con esta reforma y, en todo caso, que no cabe una receta especial para Cataluña aislada de la del resto. Son los mismos principios esbozados el pasado jueves por el presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, durante una conferencia pronunciada en Madrid, en la que lanzó el mensaje de que debe haber igualdad tanto en el nivel de competencias como en el de la financiación autonómica, sin lugar para los privilegios de ninguna clase. En todo caso, la negociación de esta última tendrá que esperar.

La financiación de Cataluña es considerada por los principales partidos uno de los aspectos medulares de la negociación pendiente y de la que puede depender, en buena medida, una tramitación más sosegada de la reforma estatutaria, tanto en el Parlamento catalán como en las Cortes.

El consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, es quien mejor ha definido las aspiraciones del tripartito en este ámbito. El Gobierno autonómico reclama plena capacidad para recaudar, gestionar, liquidar y, en definitiva, administrar los impuestos que pagan los ciudadanos en esta comunidad, tanto los propios como los cedidos y los que se comparten con el resto del Estado. æscaron;nicamente se exceptuaría la Seguridad Social, que seguiría teniendo una caja única.

Presionado por CiU, el tripartito catalán aspira a aumentar la capacidad normativa sobre estos impuestos. También es partidario de establecer fórmulas de codecisión que pueden canalizarse a través del Senado o del Consejo de Política Fiscal y Financiera.