El Plan del Gobierno
Para impulsar nuestra baja productividad, el ministro de Economía y Hacienda ha presentado el Plan de Dinamización de la economía, que afecta a cuatro campos fomento empresarial, estabilidad presupuestaria, reforma fiscal, y mercado de trabajo y diálogo social. El Plan se desarrollará en el tiempo con medidas a corto, medio y largo plazo, y se concretará a través de acuerdos de ministerios y del Gobierno, decretos, decretos-ley y leyes. El primer paquete de medidas ha sido aprobado el 25 de febrero pasado. A continuación lo analizo desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia.
En el sector de las telecomunicaciones se pretende aumentar la competencia, desarrollar nuevos mercados e impulsar la sociedad de la información. Las actuaciones para tales objetivos parecen adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia, especialmente la referente a inversiones en TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) de las pymes, cuya deducción en la cuota del Impuesto de Sociedades aumenta el 10% al 15%.
El conjunto de actuaciones en el sector de la energía tiene como finalidad aumentar la competencia, por lo que en principio parecen adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia, especialmente las referentes al funcionamiento efectivo del mercado ibérico de la electricidad y a la internalización del coste del segundo ciclo del combustible nuclear.
Es excelente la idea de crear la agencia de evaluación de las políticas públicas, pero, si se hace depender de un ministerio, inclusive del presidente del Gobierno, será torpedeada
En transportes, las actuaciones tienen como objetivos: impulsar la competencia efectiva en el transporte ferroviario, reforzar la productividad de las infraestructuras de transporte aéreo y aumentar la competencia en los servicios portuarios. Parecen adecuadas desde el punto de vista de la eficiencia, especialmente la referente al plan de desinversión de Renfe -operadora con empresas competidoras-, sin lo cual no habría realmente competencia. En el transporte ferroviario se propone la creación de un regulador independiente, lo cual supondrá un incremento de gasto innecesario, ya que los operadores serás pocos y la entrada en el sector no será fácil.
En la distribución comercial se propone un aumento de la competencia y la transparencia: tal actuación parece contraria a la normativa recientemente aprobada de reducir los días que el comercio puede abrir en festivos.
Para los servicios postales se fija como objetivo la igualdad de condiciones en los servicios postales liberalizados y la creación de un regulador independiente. No parece que un sector tan pequeño requiera crear otro organismo regulador, con el consiguiente aumento del gasto, que si no se compensa con baja en otros créditos, afectará al principio de estabilidad presupuestaria, que en la política aprobada de impulso a la productividad se tiene como objetivo a reforzar.
Al mercado de vivienda en alquiler se le asignan dos objetivos: impulsar la oferta profesional de alquiler y el reforzamiento de la oferta particular. Los objetivos parecen aceptables, no así las actuaciones señaladas para alcanzarlos. Los fallos de la intervención pública en este mercado: falta de seguridad para los arrendatarios, por la lentitud de la Justicia para acordar el desahucio (un año como periodo normal sin que el inquilino pague y casa destrozada), y control de la oferta de suelo por las autonomías y ayuntamientos, quieren remediarse con otras dos nuevas intervenciones generadoras de gasto: flexibilidad del régimen fiscal especial para las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas y creación de la Agencia Pública de Alquiler. Ataquemos las causas de la no existencia de mercado de alquiler: establecimiento de juicios rápidos, de duración máxima de 15 días, y liberalización del suelo para bajar el precio.
Dos objetivos se fijan para los mercados financieros: impulso al capital-riesgo y flexibilización de dichos mercados. Desde el punto de vista de la eficiencia parecen correctos.
Con medidas fiscales se pretende conseguir el apoyo al sector turístico, modificando las tablas de amortización de los elementos patrimoniales, y el fomento de la innovación en el sector textil al considerar la inversión en muestrarios como innovación con derecho a deducción en el impuesto sobre sociedades. Si los coeficientes de amortización estaban bien fijados, y por tanto de acuerdo con la depreciación de los bienes patrimoniales, se estaría concediendo una subvención encubierta, que podría ser objeto de investigación de la Comisión Europea, además del efecto que tendría en otros sectores, solicitando igual trato. Considerar la inversión en muestrarios textiles como innovación es desvirtuar lo que se considera innovación de procesos o productos; estaríamos ante otra subvención encubierta. Estos gastos fiscales afectan a la estabilidad presupuestaria, no aumentan la productividad del sector, y constituyen un simple regalo sin resolver los problemas de fondo. En el sector textil la producción tenderá a deslocalizarse, por el fuerte diferencial en los salarios; nadie podrá competir con China.
Al sector público y marco regulatorio se le asignan los objetivos de: mejora del marco regulador, aumento de la eficiencia del sector público, impulso a la competencia, transparencia y eficiencia en la contratación pública, reducción de costes arancelarios y aumento de transparencia, fomento de la inversión extranjera y agilizar la creación de empresas.
En principio, las actuaciones para dichos objetivos parecen adecuadas, excepto la referente a la creación de una sociedad de promoción de la inversión extranjera en España, ya que las autonomías las tienen creadas, y por otra parte supondría más gasto. Si lo que se pretende es coordinar las actuaciones de las autonomías, encomiéndese tal función a una unidad ya existente de Hacienda o de Industria, evitando su incidencia sobre la estabilidad.
Para aumentar la eficiencia se crea la Agencia Pública para la Evaluación de la Calidad de los Servicios y las Políticas Públicas. La idea me parece excelente, pero su ubicación puede dar lugar a que no sirva de nada. Si se hace depender de cualquier ministerio, inclusive del presidente del Gobierno, por propia experiencia sé que será torpedeada. El lugar adecuado sería en el Parlamento, quizás en el Senado como cámara territorial, para que evaluara también las políticas públicas de las comunidades autónomas.
En el Plan se hace constar el compromiso del Gobierno con la sociedad de realizar una evaluación del cumplimiento de los objetivos y de las actuaciones aprobadas. Para alcanzarlo tal objetivo deberá figurar en cada actuación la fecha de inicio y sus responsables. La reforma del mercado de trabajo, que es muy urgente, ha quedado aplazada para un nuevo paquete.