COLUMNA

'E-juntas' de accionistas

Las juntas de accionistas nos traen este año la novedad del voto y la delegación de voto por internet, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia de julio de 2003. El año pasado un accionista de Unión Fenosa fue el pionero en votar electrónicamente, vía internet, en una sociedad anónima española, pero lo que caracterizó 2004 fue el proceso de adaptación de los reglamentos de las juntas a las nuevas normas, mientras que 2005 va a ser el de la implantación de las aplicaciones informáticas que hagan posible el voto electrónico. Catorce accionistas acaban de votar utilizando el correo electrónico en la madrugadora junta de Banesto.

Las normas sobre el voto electrónico, aunque diseñadas para sociedades que cotizan en los mercados de valores, se pueden aplicar a todas las sociedades anónimas y constituyen un instrumento de revitalización y democratización de las juntas de accionistas, al permitir más rapidez y más participación, sin merma de la seguridad, pero hay un obstáculo: la implantación del e-Voto es optativa y una decisión soberana de las empresas. No se ha tenido el coraje de que sea obligatorio, al menos para las grandes sociedades cotizadas, y esa es una decisión legal pendiente de revisión.

También habría que revisar parte de lo ya legislado y tapar algunas lagunas. La Ley de Sociedades Anónimas no exige la firma electrónica y le basta con una alusión genérica a que se garantice la identidad del accionista; tampoco aborda la conexión con la junta y la posibilidad de solicitar información durante la misma, y son escasas las garantías que ofrece sobre el cómputo correcto de los votos. Estos inconvenientes y otros, como el acuse de recibo telemático del voto, tendrán que irse solucionando desde las páginas web corporativas, que es donde el accionista va poder votar cada punto del orden del día de la junta sobre la plantilla de un formulario, aunque todavía un poco a ciegas y con varios días de anticipación.

Insuficiencias legales al margen, votar por internet en una junta es sólo poco más complejo que hacerlo por carta o firmar una delegación de voto, pues basta con activar una clave en la web de la empresa o hacerse con una firma electrónica reconocida. Obtener esos instrumentos de identificación no es ninguna carrera de obstáculos, al menos para las personas físicas.

Más complicado será superar la resistencia al cambio que se va a producir entre muchos accionistas, pues los tiempos no han estado bien medidos y todavía no se han popularizado las herramientas que deben contribuir a la implantación del e-Voto avanzado. La democratización electrónica sería de más fácil implantación si la firma electrónica ya fuera algo generalizado, lo que todavía no sucede, o si ya estuviera en fase de implantación el DNI electrónico con firma incorporada.

José Luis Rodríguez Zapatero anunció el pasado mes de agosto la posibilidad de incorporar la fórmula del voto electrónico en el reciente del referéndum sobre el Tratado de la Constitución Europea, para así 'garantizar una alta participación', pero ese ha sido un deseo incumplido. El lento proceso de implantación de las herramientas de la Sociedad de la Información no ha permitido pasar del voto electrónico experimental, sin validez legal, igual que en anteriores procesos electorales. El Estado tropieza con el mismo obstáculo que las empresas privadas.

El DNI electrónico fue uno de los retos del incumplido Plan Info XXI del Gobierno del PP. Anunciado inicialmente para finales de 2003, un Consejo de Ministros celebrado en víspera de las últimas elecciones generales aprobó su puesta en marcha en periodo de pruebas en el otoño de 2004, pero llegó esa fecha y, con un Gobierno del PSOE, el ministro Jordi Sevilla lo demoró para el otoño de 2005, aunque sí mostró en Murcia un eDNI que incorporaba su propia fotografía, y posteriormente José Antonio Alonso, el principal responsable como ministro del Interior, anunció las pruebas piloto para principios de 2006 y que el sistema estaría listo para finales de 2007 o principios de 2008. En Europa nos pondremos, junto con los búlgaros, en la cola de la implantación de esta herramienta, con la excepción de Alemania y de los países en los que por no haber DNI sería necesario una importante reforma legal.

El Gobierno, sin seguir acumulando retrasos injustificados, debe ofrecer antes de 2008 un documento electrónico de identidad barato, junto con el correspondiente software y el lector de las tarjetas. Detrás no está sólo está la democratización de las juntas de accionistas sino el desarrollo de aplicaciones, como muchas de las relaciones Administración-administrados, que son las que van a permitir que nos incorporemos plenamente a la Sociedad de la Información. Popularizar esas herramientas imprescindibles es hoy el reto principal del internet español.