Un consejo de administración desligado del poder político

El consejo de sabios propone la creación un nuevo consejo de administración, con mayores funciones operativas y de gestión, a la vez que dotado de un mayor grado de autonomía frente al Gobierno.

El nuevo consejo de administración que se propone estaría formado por ocho miembros, cuatro elegidos por el Parlamento, a propuesta de al menos la mitad de los grupos parlamentarios, por mayoría cualificada de dos tercios; dos por el futuro Consejo Audiovisual y dos por las centrales sindicales mayoritarias.

Su mandato se extendería por seis años (superior al de una legislatura como refuerzo de su independencia) y sus miembros deberían ser profesionales de reconocido prestigio en el ámbito audiovisual.

El director general sería elegido por el consejo de administración, por mayoría de dos tercios de sus miembros, tras convocatoria pública y una vez informado favorablemente por el consejo audiovisual.

El director general sería elegido en el consejo por mayoría de dos tercios

En el nuevo modelo de la radio y la televisión públicas existiría además un consejo de redacción que garantizaría la independencia informativa y un consejo asesor que canalizaría la participación de la sociedad civil y el derecho de acceso de los grupos sociales más significativos.

Se propone también la inmediata creación del consejo audiovisual que sería el responsable de la vigilancia del cumplimiento de las misiones de servicio público y de la ejecución del gasto. Para la elección del consejo audiovisual como organismo regulador independiente, se propone una mayoría reforzada (de dos tercios) en el Congreso de los Diputados y mandatos de seis años.

El informe defiende un auténtico servicio público de televisión y radio con una programación de calidad con fuerte presencia de producción española y europea. También propone una definición estricta del servicio público que debe ser encomendado por ley a RTVE, y una batería de indicadores cuantitativos y cualitativos para el control riguroso de su cumplimiento.

Se establecen líneas maestras detalladas de la programación radiofónica y televisiva para cada canal, con atención especial a la información, la cultura y la educación. El informe propone que estas directrices sean fijadas con precisión, a través de principios de programación a largo plazo y con contratos-programa trianuales, con obligaciones rigurosas de contenidos, aprobados y controlados por el Parlamento, y por el consejo audiovisual.

En el ámbito de la gestión, el consejo propone el mantenimiento de los dos canales nacionales públicos. Esta posición se trasladaría al ámbito digital, con al menos un canal multifrecuencia asignado a la nueva televisión (con cuatro o cinco programas más). Los expertos apoyan la creación de una nueva entidad jurídica pública con absoluta autonomía y estricto control, como holding ligero y ágil para liderar estratégicamente el grupo, desligada de la SEPI, bajo la cual se estructuran distintas sociedades en función de su actividad.

'Los derechos humanos de nuestros ojos'

 

 

Emilio Lledó, el presidente del grupo de sabios, quiso huir ayer en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa de los aspectos más polémicos y prosaicos del informe para centrarse en los 'grandes argumentos'. En su opinión, la misión 'esencial' de las televisiones públicas es la 'defensa de los derechos humanos de nuestros ojos', por lo que consideró que 'hay que mandarles (a los ojos de los telespectadores) convoyes de ayuda humanitaria'. Así, justificó que 'el problema fundamental de las televisiones son los contenidos'. La televisión pública 'debe considerar a las personas como seres ilustrados, que tienen que progresar'. Además, argumentó que en el mundo contemporáneo los medios audiovisuales son 'un elemento esencial de educación', por lo que la responsabilidad de la comunicación estatal es 'gravísima' en la formación de los ciudadanos. Lledó afirmó que el informe se ha hecho con 'independencia y con una enorme dosis de 'buena voluntad'.