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Tribuna
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El nuevo modelo de acceso a la función pública

El pasado 8 de febrero, el Ministerio de Administraciones Públicas publicó en el BOE la oferta de empleo 2005 para la Administración General del Estado. En el Real Decreto se recogen de forma expresa los criterios que van a regir, a partir de ahora, en la planificación de los recursos humanos aplicables al conjunto de las políticas de personal en la Administración General del estado. Igualmente contiene las pautas que van a empezar a orientar los procesos de evaluación y selección de los candidatos que mejor se ajustan a sus necesidades, lo que ha ocasionado cierto revuelo en el numerosísimo colectivo de opositores que aspira a obtener un puesto para toda la vida, ante la desmotivadora perspectiva de trabajo en precario y de baja calidad en la empresa privada.

Es incuestionable que la Constitución española fija con inteligencia un marco amplio para el legislador (estatal y autonómico) a la hora de diseñar un modelo de Función Pública, garantizando la evaluación y selección de los aspirantes cuyo perfil profesional mejor encaje en las necesidades de la Administración, en su servicio al interés general con plena objetividad.

Para ello se impone constitucionalmente en toda oposición o concurso-oposición la observancia de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, con el objetivo de reclutar a los que demuestren más aptitud y actitud al servicio público. Nada que objetar a este irreprochable planteamiento.

Sin embargo, atendiendo al espíritu de este decreto, parece como si el legislador estatal quisiera soslayar un modelo que hasta ahora ha funcionado razonablemente bien, donde la absoluta igualdad de los opositores estaba asegurada, pues todos partían en igualdad de condiciones al no haber más valoraciones subjetivas que el desarrollo objetivo de los temas (la mayoría de Derecho positivo) -los mismos para todos- y su defensa ante idéntico Tribunal.

El modelo puro pivotaba excesivamente sobre el conocimiento memorístico y teórico de un extenso temario, que había que reproducir literalmente para ganar la ansiada plaza, si bien fue suavizado con la democracia por la necesaria llegada masiva de funcionarios para poner en marcha la Administración autonómica, con la introducción además de supuestos prácticos y el reconocimiento de méritos académicos o de experiencia laboral. Intachable también esta concepción.

Siendo unánime el sentir ciudadano de eliminar cualquier asomo de duda de endogamia y nepotismo en la selección de los futuros funcionarios, no deja de causar preocupación que el legislador diga literalmente que las convocatorias deberán ajustarse a los siguientes criterios de carácter general: las pruebas y programas selectivos deberán orientarse a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los puestos de trabajo que se vayan a desempeñar, de forma que se fomente la realización de ejercicios prácticos, test psicotécnicos o de aptitud y cursos selectivos, disminuyendo el peso de las pruebas basadas en exposición memorística de temarios que tenderán a reducirse y aproximarse a los conocimientos proporcionados en los distintos niveles educativos, y que se ajustarán a las necesidades reales de los puestos. Y que en los procesos en los que exista fase de concurso, se valore la experiencia acreditada con carácter interino o temporal en funciones asimilables al cuerpo escala o grupo al que se opta.

Y lo que a buen seguro va a ser muy bien recibido, la implantación de medidas económicas (como becas...) para facilitar la fase preparatoria.

El riesgo es evidente: ¿se garantizará la igualdad de opciones en el nuevo modelo basado más en apreciaciones subjetivas (fronterizas, en caso de abuso con la discrecionalidad al ¿premiar lealtades?) que en la demostración objetiva y reglada de conocimientos por los más capaces?

Sirva este interrogante para reflexión ahora que las comisiones para la elaboración del Libro Blanco de Administración Local y del tan esperado Estatuto de la Función Pública están en período de redacción de los borradores y admiten cuanta sugerencia o aportación formulen los protagonistas interesados.

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