Comité de sabios: primeras noticias
En los últimos días se han conocido varias de las conclusiones que, todavía provisionales, parece van a formar parte del futuro informe sobre RTVE del llamado 'comité de sabios' designado el año pasado por el Gobierno. Además del citado carácter provisional, la información es parcial y su conocimiento ha sido por vía indirecta, por lo que no es ni posible ni conveniente realizar una valoración global y definitiva del trabajo del comité. Sin embargo, y dada la trascendencia de la cuestión, sí pueden hacerse varias consideraciones preliminares.
Parece que el comité considera que el Estado debe asumir la deuda histórica de RTVE, liberando así a ésta del inmenso pasivo acumulado -un billón largo de las antiguas pesetas-. Asimismo, recomendará que la subvención estatal percibida por RTVE aumente significativamente. Ambas medidas son además de razonables absolutamente necesarias. Por eso no se acaba de entender que los actuales responsables de la cosa -SEPI, Ministerio de Hacienda- decidieran no ejecutarlas al final de 2004, fecha en la que estaba previsto aplicarlas de acuerdo al Plan Marco de Viabilidad que venía aplicándose desde 2002. De ese modo, el desaire que sufren es importante. Tras decidir en diciembre de 2004 que ni asumían la deuda ni aumentaban significativamente la subvención, la primera indicación que van a recibir del comité de sabios es recomendarles que hagan lo que no quisieron hacer.
Es importante subrayar que al aumentar significativamente la subvención estatal, su dimensión final no puede responder tan sólo a la estructura de financiación deseada para RTVE, sino que de acuerdo con las Resoluciones de la Comisión Europea ha de respetar como límite el coste neto en el que se incurre por desempeñar la función de servicio público. Es decir, que la propuesta del comité consistente en que la subvención cubra el 50% de los gastos de RTVE debe estar soportada por la correspondiente información financiero-contable que acredite que ése es el coste del servicio público. Otra recomendación del comité de sabios consiste en limitar el tiempo de publicidad a emitir en TVE, limitándolo en nueve minutos por hora -el límite actual son doce-. Cualquier medida que se propugne para la radiotelevisión pública ha de responder bien a motivos empresariales, bien a razones de servicio público.
Es evidente que empresarialmente no se justifica la reducción de un 25% del tiempo de publicidad pues afectará muy negativamente a su volumen de ingresos, por lo que hay que preguntarse si puede estar justificado por razones del servicio público.
En mi opinión, la respuesta es negativa, pues cumplir con el servicio público no lleva a aplicar un coeficiente reductor lineal de la publicidad, sino un planteamiento discriminante del tiempo de la misma según el contenido de la programación. Así, de manera acertada el Plan Marco apuntaba que la reducción -en algunos casos, incluso eliminación- de la publicidad debía darse en el horario infantil, en la programación de informativos, en la cobertura de actos institucionales como viajes del jefe del Estado, retransmisión de debates parlamentarios Por el contrario, no parece que en la emisión de un concurso televisivo o en el descanso de la retransmisión de un partido de fútbol, la televisión pública deba sufrir límites adicionales en su tiempo de publicidad.
En realidad, parece que con esta recomendación se quiere dar satisfacción a una antigua pretensión de Uteca -organización patronal de las televisiones privadas- que de forma insistente reclamó durante la legislatura pasada y a la que el anterior Gobierno no accedió.
El tema es importante porque reducir un 25% la oferta de tiempo publicitario de un operador, RTVE, en un mercado -el de emisión en abierto y cobertura nacional- en el que operan tres -los otros dos son Antena 3 y Telecinco- supone reducir un 8,3% la oferta de tiempo de publicidad del mercado. Las consecuencias son fáciles de prever: subirá el precio de los anuncios, lo que a su vez repercutirá en subidas de precios de los productos anunciados. Perderán los consumidores, pero ganarán las empresas privadas de televisión.
También parece que el comité de sabios recomendará un cambio en la forma de elección del consejo de administración, junto con una modificación en la configuración jurídica de RTVE. Respecto a la elección de consejeros cualquier sistema puede ser bueno o malo según cuales sean sus funciones, lo que nos lleva a la cuestión del régimen jurídico de RTVE.
Ahí acierta plenamente el comité si recomienda un cambio radical, pues el actual entramado jurídico-societario está obsoleto y se ha revelado como generador de importantes ineficiencias. Pero debe acertar con la orientación del cambio y en ese sentido será positivo todo lo que sea aumentar la responsabilidad de los gestores y de los administradores de RTVE y será negativo todo lo que permita seguir gastando recursos públicos sin el suficiente nivel de control y de responsabilidad.