La regularización de inmigrantes arranca con fuertes contratiempos
En la oficina de la Seguridad Social del madrileño barrio de Vallecas había ayer por la tarde más periodistas que empresarios intentando regularizar a sus trabajadores inmigrantes. Aunque sigue habiendo largas colas de inmigrantes que solicitan información y documentos, los empleadores, que son quienes deben acudir a las oficinas de la Seguridad Social a formalizar la solicitud se lo van a tomar con calma. Esto no oculta las numerosas dudas y algunas trabas con las que los empresarios se enfrentaban ayer a la regularización.
'Vengo a regularizar a un comercial colombiano para mi empresa inmobiliaria y hasta yo, que soy abogado, he tenido algún problema para encontrar los documentos que piden al empresario. En la web del Ministerio de Trabajo no dicen que se exige el documento A-6 (que es el de inscripción de la empresa en la Seguridad Social)', aseguraba ayer un empleador en una oficina madrileña. Los empresarios deben también aportar el acta de constitución de su empresa.
Este empleador también explicaba que se encontró con que el contrato de trabajo no debe especificar la fecha de inicio, que se formalizará en el momento de dar el alta en la Seguridad Social, 'esto convierte el contrato de trabajo en una oferta de empleo, que es lo que decían que no bastaría', explica este abogado.
Si bien es cierto que uno de los motivos por los que no hubo ayer largas colas es que los implicados no tienen todos los documentos que hacen falta. Transcurridas las primeras horas del proceso, son dos los documentos más problemáticos: el certificado de penales y el de empadronamiento.
Miles de inmigrantes que solicitaron en los últimos días sus certificados de penales en los consulados aún están esperando que se los envíen. Y, en segundo lugar, muchos ayuntamientos españoles están emitiendo 'volantes' de empadronamiento en lugar de 'certificados' y son éstos últimos los únicos válidos. Este era ayer el principal motivo por el que se rechazaron muchas solicitudes en Madrid.
'Creía que traía todos los papeles pero resulta que el volante de empadronamiento no vale porque debe ser un certificado, así que habrá que volver a esperar la cola para solicitar otra vez el empadronamiento', se quejaba ayer un empresario de la construcción que iba a regularizar a un empleado colombiano que lleva trabajando en España de manera ilegal más de tres años.
Además, distintas asociaciones del dispositivo de información programado por el Gobierno denunciaron ayer que 'algunos ayuntamientos están cobrando entre 15 y 18 euros por emitir dichos certificados', lo que ya ha sido denunciado al Ministerio de Trabajo para que se corrija, ya que deben ser gratuitos.
Los primeros abusos
También entre los empresarios empiezan a detectarse las primeras prácticas abusivas. Desde la Asociación de Inmigrantes Peruanos, que atiende a unas 300 personas al día, denunciaban ayer que 'algunos empresarios obligan a los trabajadores a que si quieren el contrato se paguen sus cotizaciones a la Seguridad Social (que debe pagar el empleador)' y para asegurarse de que las pagarán 'les obligan a firmar junto con el contrato una baja voluntaria y un finiquito en blanco que presentarían en caso de que dejaran de abonar sus cotizaciones, para rescindiría el contrato'. El secretario general de la Federación de Hostelería de CEOE, Emilio Gallego, aseguró ayer no tener constancia de estas prácticas 'pero si se están produciendo lo harán desaprensivos que no merecen calificarse como empresarios'.
A la vista de todas las incertidumbres, el Ministerio de Trabajo ya rebajó ayer de 800.000 a 500.000 su previsión del número de inmigrantes que se acogerían al proceso.
Algunos inmigrantes aseguran que se les obliga a pagar sus cotizaciones
Reino Unido prefiere inmigrantes cualificados
La larga campaña de la prensa sensacionalista del Reino Unido contra la inmigración ilegal ya ha dado sus frutos. El Gobierno laborista de Tony Blair ha decidido pasar a la ofensiva con una batería de propuestas para filtrar a quienes aspiran a quedarse sólo por razones económicas en este país.Las medidas, adelantadas al diario conservador The Times, incluyen un plan quinquenal sobre inmigración y asilo destinado a limitar estrictamente el derecho de los inmigrantes a establecerse aquí de modo permanente, con un sistema de puntos, como el australiano, que favorece a los profesionales como maestros o médicos, informa Efe.Otras propuestas anunciadas por el ministro del Interior, Charles Clarke, son tomar las huellas dactilares a quienes consiguen un visado de entrada en el país y establecer un carné de identidad para quienes vienen para quedarse más de tres meses.El objetivo, según el primer ministro británico, Tony Blair, es garantizar que 'sólo entran y consiguen permisos de trabajo aquellos de quienes hay necesidad' en este país.Clarke, declaró que 'la inmigración para trabajar o estudiar es positiva, pero lo malo es cuando no hay suficientes controles y la gente entra y se convierte en una carga para la sociedad'.