Normalizar la inmigración

Hoy comienza en España el mayor proceso de regularización de la inmigración ilegal que se recuerda, tanto a nivel nacional como de Europa. Hasta el 7 de mayo próximo, los empresarios podrán solicitar la legalización de sus trabajadores en situación irregular y el otorgamiento de la documentación pertinente.

Este proceso servirá para legalizar a cientos de miles de personas que ya viven y trabajan aquí, y que utilizan todo tipo de servicios públicos (colegios, sanidad, infraestructuras, etcétera) sin pagar ningún tipo de impuesto. Desde este punto de vista, la medida servirá para que los inmigrantes se incorporen plenamente a la estructura económica y social del país, de donde se derivan tanto el cumplimiento de deberes como el disfrute de derechos.

El Gobierno prevé que se normalice la situación de unos 800.000 extranjeros. Ciudadanos que podrán afiliarse a la Seguridad Social y tendrán que empezar a abonar tanto cotizaciones sociales como IRPF. Con lo cual las arcas públicas verán incrementados sus ingresos en, como mínimo, unos 2.000 millones de euros anuales.

La iniciativa da respuesta, además, a las peticiones de muchos empresarios, que llevan años abogando por mantener abierta la puerta a una importante masa de trabajadores sin los cuales habría dificultades para encontrar la mano de obra necesaria en sectores clave para la economía española como la construcción, la hostelería o los servicios sociales y del hogar.

Más allá de los efectos directos sobre el mercado laboral y los ingresos públicos, el proceso de regularización que se inicia hoy servirá sobre todo para avanzar en la integración de cientos de miles de inmigrantes en el tejido social español y evitar las perniciosas secuelas que suelen derivarse de la marginalización de amplias capas de la sociedad.