Diálogo social y fraude fiscal
El autor, que se suma al Debate Abierto en Cinco Días sobre el proyecto oficial para prevenir el fraude fiscal, sostiene que, si se quiere avanzar en esta tarea, se debe considerar al contribuyente como un potencial cumplidor y no como un posible defraudador
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha hecho público el borrador del Plan de Prevención del Fraude Fiscal con la intención de que se reflexione sobre lo acertado o no de las medidas que al respecto se proponen y con la loable intención de suscitar un debate público al respecto.
La valoración global del Plan es positiva, aunque con importantes matices. No hay duda que quien mejor conoce el origen del fraude es la propia Administración. Nadie pues mejor que ella para adoptar las medidas necesarias para erradicarlo. Sin embargo, la verdad es que el Plan no aporta nada nuevo. ¿O es acaso nuevo que hay que tener especial atención al sector inmobiliario, a las tramas organizadas en el IVA, al fraude internacional, al fraude en la fase de recaudación, a las empresas en módulos o que hay que potenciar las acciones preventivas?
Nadie discute tampoco que se destinen todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para luchar contra el fraude ni que se aprueben las iniciativas legislativas que sean al respecto oportunas. El problema es otro muy distinto. El propio director de la AEAT lo ha dicho: 'Los métodos aplicados hasta ahora han elevado la litigiosidad entre el contribuyente y la Administración porque los funcionarios están más preocupados por cumplir los objetivos marcados que en comprobar si las actas que levantan tienen fundamentos sólidos, con lo cual muchas acaban en los tribunales' (ver Cinco Días del 16-12-2004). En efecto. Si de verdad queremos avanzar en la lucha contra el fraude, es imprescindible que la Administración asuma y actúe de forma muy distinta a la actual.
La Agencia Tributaria no puede seguir viviendo encerrada en sí misma ni dirigiendo mensajes que distorsionan la realidad
Es necesario que conciba al contribuyente como un potencial cumplidor y no como un potencial defraudador y que las medidas legislativas que se adopten no sean, realmente, una auténtica dejadez de las potestades de control que sólo a la Administración le corresponden.
El fraude no se soluciona imponiendo mayores obligaciones (por ejemplo, las de declarar todas las operaciones, por ínfimas que sean, como comidas o desplazamientos, entre otras), ni incrementando desmesuradamente la presión fiscal indirecta a los contribuyentes. La realidad es que los ciudadanos han avanzado mucho en el cumplimiento de sus obligaciones pero ¿qué hace la AEAT a cambio?
A poco que se reflexione, la realidad es que lo único que estamos haciendo, además de cumplir con nuestra obligación como ciudadanos, es facilitar el trabajo de la AEAT (presentar telemáticamente las declaraciones, cada vez más y con mayor complejidad, cumplir con un larguísimo catálogo de obligaciones diversas, etcétera). Pero a pesar de ello, el fraude, nos dicen, no cesa. ¿Por qué?
La AEAT no puede continuar viviendo encerrada en sí misma, retroalimentándose en su pleno convencimiento de fraude permanente ni dirigiendo mensajes que distorsionan la verdadera realidad. El camino es, sin duda, otro. Que la Administración se abra a la realidad y a la sociedad. Que la integre en su propio funcionamiento. Que consulte, escuche y resuelva los problemas que se le planteen. Que realice, de verdad, una política preventiva. Que sea transparente y colaboradora. Que se 'sienta' tan necesaria como respetada.
¿Por qué no es posible visitar al contribuyente con el único objetivo de informarle, asesorarle o para revisar y/o averiguar si cumple o no correctamente con sus obligaciones formales (facturación, registros, declaraciones, etcétera), sin adoptar ninguna medida coercitiva ni sancionadora, salvo en los casos de reincidencia y salvo que se detecten, obviamente, ingresos o importes no declarados?
¿Por qué no es posible debatir y consensuar los criterios interpretativos de los pocos temas que generan mucha conflictividad o dar transparencia a las instrucciones internas que la Administración tiene aunque reiteradamente lo niegue? La solución no pasa por colaborar con terceros para 'acusar' a quien defrauda. æpermil;sta no es la responsabilidad de los contribuyentes sino, única y exclusivamente, de la Administración.
La colaboración social no es esto. Es dialogar con la sociedad. Es considerarla un aliado más en un único interés común: cumplir sin temor. Sin temor a que siempre habrá algo que se está haciendo mal; a que siempre habrá un criterio distinto al nuestro; a que la Administración es el enemigo a batir y el contribuyente el defraudador a castigar.
æpermil;stas son, a nuestro juicio, las medidas que hacen faltan y que el Plan no recoge. Por ello, y aplaudiendo toda iniciativa contra el fraude, dudo mucho de su verdadera efectividad.