La defensa de la competencia
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentó ayer un proyecto que prevé la fusión del Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de la Competencia en un organismo regulador 'único e independiente'. El Libro Blanco presentado ayer permitirá adaptar la normativa española a la legislación comunitaria y, según el Ejecutivo, reforzará los poderes y la independencia política de los responsables de garantizar la libre competencia.
La nueva Comisión Nacional de Defensa de la Competencia estará integrada por un presidente y cuatro consejeros designados por el Gobierno. Pero Solbes sugirió que esos miembros deberían ser elegidos contando con el respaldo de los grupos parlamentarios de la oposición. Se busca aventar así cualquier duda sobre la eficacia y la idoneidad de quienes integrarán la futura Comisión Nacional, en consonancia con el fundamento de este proyecto, que es dejar en manos de este organismo el control y la decisión sobre las fusiones empresariales.
El Gobierno se reservará la posibilidad de vetar una decisión de fusión aprobada por la Comisión, pero para ello deberá justificar, de manera fundamentada, que ésta atenta contra el interés general de los ciudadanos. La precisión de los criterios de defensa del interés general, que todavía tienen que ser establecidos, es la clave para medir si este proyecto de reforma servirá, efectivamente, para terminar con la discrecionalidad del poder político en materia de fusiones.
El proyecto de reforma incluye, además, otro elemento importante como es la clemencia o reducción de sanciones para las empresas que den información sobre la existencia de un cártel o que faciliten una investigación. Una fórmula utilizada desde hace tiempo por países como Estados Unidos, con notable éxito.
Como siempre, habrá que esperar a la formulación final para poder valorar con más exactitud el alcance de una reforma que, en principio, parece esperanzadora.