La onda expansiva del salario mínimo
El cumplimiento por el Gobierno de la promesa electoral del PSOE de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) a 600 euros mensuales, a lo largo de la legislatura, se ha convertido en un conflicto abierto con y entre los agentes sociales y patronales. El establecimiento por norma legal de un sistema automático de corrección al alza de la cuantía, en función de la inflación, añadido a una subida previa de más del 11%, ha puesto a la defensiva a los empresarios.
El intento de corrección de la norma por parte del ala liberal del Gobierno, ya en las últimas semanas de diciembre, puso también a la defensiva a los sindicatos, que forzaron una rectificación del Ejecutivo y una recomposición a las 24 horas. El Gobierno ha cedido con rápida elasticidad a las presiones de empresarios y sindicatos, pero ha terminado cayendo prisionero de un conflicto que puede amenazar la continuidad del proceso de diálogo social, por el que el propio presidente del Ejecutivo apostó su prestigio político.
La CEOE reúne mañana a su junta directiva para dar una salida al asunto y gana fuerza la tesis de firmeza ante lo que la patronal considera un intervencionismo gubernamental en una materia en la que lo consideraba desterrado hace años. De imponerse, la patronal amenaza con no firmar en 2005 el acuerdo salarial -que ha garantizado en los últimos años moderación salarial y paz social- y con cambiar de estrategia en los asuntos restantes: reforma laboral, formación, pensiones.
A juicio de la patronal, el Gobierno está en su derecho a subir el SMI cuanto quiera, aunque reprueba los abultados avances de este año por considerar que dispara los salarios de entrada en miles de empresas; pero no puede garantizar por norma que la inflación arrastrará al salario mínimo allí donde vaya, porque rompe la autonomía de las partes y contamina la negociación colectiva. Para evitar el regreso a vicios pasados de las relaciones industriales, bien vale una segunda vuelta de negociación y sentido común.