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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El interés de Sacyr por BBVA

La constructora Sacyr Vallehermoso reconoció ayer, en un comunicado a la CNMV, que 'está estudiando la oportunidad de adquirir una participación de BBVA'. La comunicación, forzada por la publicación de informaciones sobre la supuesta compra del 4% del capital del banco por parte de la constructora, no aclara si la empresa que preside Luis del Rivero cuenta ya con este paquete de acciones. Sin embargo, incluso si todavía no tiene los títulos, probablemente ha apalabrado su compra y sindicación con otros inversores. Entre ellos, Juan Abelló y Demetrio Carceller, ambos accionistas de Sacyr Vallehermoso.

El valor en el mercado de esta operación ronda los 1.700 millones, prácticamente la mitad de lo que le costó ENA a Sacyr. A cambio, la constructora y sus socios se colocarían como primeros accionistas del segundo banco del país, con una presencia relevante en el consejo de administración. De ahí que se hayan desatado todo tipo de especulaciones sobre si la operación tiene como objetivo forzar un relevo en la presidencia del banco, actualmente en manos de Francisco González, y sobre si dicha estrategia cuenta o no con el plácet del Ejecutivo socialista.

Sacyr ya ha comunicado sus intenciones a Economía y al Banco de España. Y la respuesta recibida ha sido la obligada en estos casos: el Banco de España, que debe autorizar cualquier participación relevante en una entidad financiera, analizará la operación y se pronunciará en su momento. Una respuesta que, aparentemente, ni anima ni desincentiva la operación. De salir adelante, la ofensiva pilotada por Sacyr daría lugar a la creación de un núcleo duro de accionistas españoles estables en el BBVA. Una operación de gran calado que probablemente no se habría planteado si el Partido Popular siguiese en el Gobierno. No porque Del Rivero, Abelló y Carceller tengan especial afinidad con el PSOE, sino porque sabían que cualquier operación no auspiciada directamente por Moncloa habría sido objeto de veto sin ser siquiera analizada.

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