Trabajo quiere que el salario mínimo crezca con la inflación
El Gobierno es favorable a la reforma del artículo del estatuto del trabajador que determina, cada año, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que éste aumente, por lo menos, lo mismo que el Indice de Precios de Consumo (IPC), como ocurre con el incremento en las pensiones.
De esta forma, según explicó hoy el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en su intervención en la XXIV Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, "se evitará que se produzcan pérdidas en su poder adquisitivo, como ocurrió durante la pasada legislatura". Precisamente, esta pérdida en el poder adquisitivo del SMI ha propiciado un "incremento excepcional del 8,6% en el año 2004, lo que ha permitido recuperar, de una sola vez, todo el poder perdido por los salarios más modestos durante los últimos ocho años".
Asimismo, Caldera destacó que este aumento "acerca el salario mínimo a la recomendación de la Carta Social Europea" de que el SMI suponga el 60% del salario medio de los trabajadores españoles.
Actualmente, el SMI está en 490 euros al mes, después de que el Gobierno lo elevase el pasado julio el 6,6 por ciento para que sus perceptores recuperasen el poder adquisitivo perdido en los últimos ocho años de gobierno del PP.
Además, el ministro aseguró que este incremento ha permitido que las prestaciones por desempleo, a pesar de que a partir del 1 de julio de 2004 se han desvinculado del SMI y se establecen en base al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), "hayan experimentado una sustancial mejora y hayan recuperado, en la mayoría de los casos, el poder adquisitivo perdido en los últimos años".
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales afirmó además la
intención del Gobierno de incrementar hasta los 600 euros la cuantía del SMI a finales de la legislatura, un aumento que el Ejecutivo pretende realizar de forma "gradual y progresiva" a los largo de los cuatro años.
En cuanto a la determinación del IPREM, Caldera afirmó que es una cuestión que está en proceso de negociación en la mesa de diálogo social, y que la idea del Gobierno es que se fije "según las perspectivas de la economía relativas a la estabilidad de precios, siempre y cuando mantenga en un nivel digno las cuantías de las prestaciones sociales".
Convenios colectivos
Caldera explicó también que la mesa de diálogo social está negociando en la actualidad las modificaciones en la normativa que regula los convenios colectivos.
En este sentido, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales explicó que los agentes sociales tienen sobre la mesa una propuesta del Gobierno para reincorporar la cláusula que permitía la fijación de edades de jubilación forzosa, medida que existía hasta 2001, siempre y cuando se ciñan a casos concretos y cuando los trabajadores afectados hayan cotizado lo suficiente como para tener acceso a una pensión contributiva.
Además, Caldera explicó que espera que en breve se apruebe el acuerdo interconfederal de cobertura de vacíos para los periodos en los que ha concluido un convenio colectivo y hasta la firma del nuevo documento. En este sentido, el ministro recordó que los agentes sociales acordaron hace años un real decreto que permitía la extensión de los convenios durante tres meses hasta la redacción del nuevo acuerdo, aunque denunció que el Gobierno anterior nunca llegó a aceptarlo.
"Tras las elecciones, el 30 de septiembre, se presentó a la mesa de diálogo social un texto que mantiene lo pactado por los agentes sociales", declaró el titular de la cartera quien mostró su confianza en que esta medida pueda ser aprobada definitivamente durante los primeros días de diciembre.
Más dinero para las políticas activas de empleo
La conferencia sectorial para Asuntos Laborales reunida hoy en Madrid ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de casi 2.340 millones de euros para políticas activas de empleo en 2005, lo que supone un incremento del 4,3% respecto a este año. Según informó hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de este importe se destinan 1.390 millones a empleo y escuelas taller, 865 a formación ocupacional y continua y 77 a modernización de los servicios públicos de empleo.