Un plan coherente de asignaciones
La asignación de derechos de emisión de CO2 anunciada ayer por el Gobierno tiene un claro eje: apostar por el gas frente al carbón. Una política que se ajusta plenamente a los objetivos medioambientales del Protocolo de Kioto. El tope de emisiones para las centrales de carbón se ha colocado en 55,4 millones de toneladas en 2005 y 43,6 millones en 2007; frente a los más de 70 millones de toneladas actuales. Crecen, en cambio, las emisiones autorizadas a las centrales de ciclo combinado, que pasan desde 17,1 millones de toneladas el año próximo hasta 28 millones en 2007.
Además de promover la reducción de las emisiones más contaminantes, el Ejecutivo asegura que ha intentado garantizar la calidad del suministro eléctrico, que el reparto no impulse al alza las tarifas y que no provoque daños en las cuentas de resultados de las empresas. Sin embargo, a nadie escapa que la asignación de emisiones tendrá un efecto importante en las compañías.
La penalización del carbón ha colocado a Endesa como claro perdedor en el sector de las eléctricas. La empresa presidida por Manuel Pizarro, responsable del 50% de las emisiones de esta industria, ha recibido derechos para emitir sólo 38,2 millones de toneladas anuales, frente a las 45,6 millones que solicitó. En el otro extremo se coloca Iberdrola, que sólo emite el 12% del CO2 del sector y se muestra plenamente satisfecha con los derechos recibidos (12,9 millones de toneladas).
Las empresas tienen de plazo hasta el próximo viernes para presentar alegaciones, pero no parece fácil que se produzcan cambios sustanciales. El reparto anunciado refleja la determinación del Gobierno de asumir los compromisos del Protocolo de Kioto. Y para ello el único camino es la apuesta decidida por las fórmulas de generación menos contaminantes.