La inseguridad de los alquileres
Un grupo de expertos analiza, a petición del Ministerio de Vivienda, medidas para fomentar los alquileres. Un deseo formulado reiteradamente por los sucesivos Gobiernos en los últimos años sin resultados tangibles. A falta de datos precisos, porque la mayoría de los contratos no son registrados, los expertos calculan que la oferta de pisos para arrendar no supera el 10% o 15% del total. Y a la vez crece el número de pisos desocupados, como consecuencia de una acelerada actividad constructora. ¿Qué impide que los miles de pisos vacíos existentes salgan al mercado de alquiler? Los expertos coinciden en que la inseguridad jurídica es el factor decisivo. Como señalan los juristas, hoy es más fácil para el inquilino dejar de pagar que para el propietario cobrar esa deuda. El trasfondo sigue estando en el engorroso proceso judicial que implica un desahucio por impago.
El anterior Gobierno adoptó algunas medidas en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para agilizar estos procedimientos, que en teoría son sencillos de tramitar. La realidad, sin embargo, es que los desahucios siguen tardando mucho en resolverse, entre seis meses y un año. Exponerse a tan largo periodo sin cobrar y con la incertidumbre es disuasorio para el arrendador.
El Grupo Popular ha propuesto en el Congreso reducir a un año el plazo mínimo de los alquileres, frente a los cinco actuales. Una medida que quizá aportaría algo más de flexibilidad al mercado, pero que no resolvería el verdadero problema, que es el temor al impago. El Gobierno propone generalizar los seguros que garanticen el cobro, lo que resulta una alternativa interesante, aunque hoy por hoy costosa. Ninguna medida animaría más el mercado que salvar la lentitud de los tribunales y evitar que se pueda residir en una vivienda que no se está pagando.