Nueva cultura en la lucha contra el fraude fiscal
El autor sostiene que se debe cambiar la cultura de que es normal el desacuerdo entre el contribuyente y la Administración tributaria. En su opinión, será un error si el plan contra el fraude fiscal que prepara el Gobierno impone más obligaciones a los ciudadanos
Los nuevos responsables de la Administración Tributaria están firmemente decididos a hacer frente al fraude fiscal, centrando básicamente las actuaciones de la inspección en tareas de investigación y no de comprobación, al margen de otras medidas ya anunciadas. Felicidades, pues, a quienes después de muchos años se han dado cuenta de cómo ha de afrontarse la lucha contra esa lacra social. Sin embargo, la pregunta que inmediatamente uno se plantea es obvia: ¿es esto suficiente?.
La lucha contra el fraude fiscal exige, también, un importante cambio de hábitos y comportamientos y, por tanto, de cultura, por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
El aumento de la conflictividad tributaria consecuencia del preocupante incremento de las actas de disconformidad, no es más que un vivo reflejo de nuestra realidad: una defectuosa legislación que, unida a su particular interpretación por parte de la inspección, ha aumentado de forma notable la inseguridad jurídica y elevado a cotas nunca conocidas la discrepancia interpretativa en la aplicación de las normas.
La lucha contra el fraude no puede basarse en imponer cada día más obligaciones al ciudadano
Esta situación no es más que el reflejo de un modelo de Administración en el que lo único que parece importar es el cumplimiento de los objetivos y el transmitir cada año a la sociedad que el importe de la deuda tributaria derivada de actuaciones administrativas y el número de expedientes por delito fiscal remitidos a la Fiscalía ha aumentado. La cara oculta del mismo son sus perniciosos efectos, por ejemplo, paralizar un gran número de operaciones de reestructuración empresarial por temor a cuál será el criterio de la inspección, o que las empresas no se atrevan a aplicar los incentivos fiscales por I+D+i por la restrictiva interpretación que de los mismos hace aquélla.
Basten estos ejemplos para ilustrar el clima en el que vivimos y en el que el contribuyente tiene la percepción de que, haga lo que haga, la inspección seguirá siempre un camino distinto.
Esta cultura en la que el desacuerdo entre el contribuyente y la Administración es lo normal, es precisamente la que hay que cambiar. Y para ello, más que la colaboración social, lo que ha de fomentarse es el diálogo social.
Primar la denuncia y/o al denunciante o, por ejemplo, exigir responsabilidades tributarias a quienes contraten con terceros salvo que se esté en posesión del oportuno certificado, no es otra cosa que hacer dejadez de la potestad de control que le compete en exclusiva a la Administración.
Es a ésta, y a nadie más, a quién le corresponde luchar contra el fraude fiscal y establecer los mecanismos internos de control para verificar que se cumplan las distintas obligaciones tributarias.
La lucha contra el fraude no puede basarse en las cada vez mayores obligaciones que se imponen a los ciudadanos. El diálogo social significa, por el contrario, abrir la Administración a la sociedad, en lugar de continuar encerrada en sí misma; dialogar conjuntamente con quién tenga competencia para ello, para modificar las pocas normas tributarias que concentran el número mayor de conflictividad; debatir con las corporaciones profesionales y empresariales representativas, los planes y criterios que van a aplicarse en actuaciones de carácter general; aceptar, como tal, la discrepancia interpretativa; y fomentar el encuentro e intercambio de criterios entre Administración y contribuyentes.
Se trata de un diálogo que no es incompatible con la existencia de objetivos referenciados, en todo caso, a deuda 'cobrada' y/o 'estimada' en los Tribunales.
Ese diálogo animará sin duda a quienes ya no creemos en el actual modelo, contribuyendo a una rápida solución de los problemas que se planteen y a una mejor relación contribuyente-Administración, pudiendo ésta centrarse en lo único que hoy estamos de acuerdo quienes así pensamos -por cierto, un gran número de funcionarios, contribuyentes y verdaderos asesores fiscales- que es la lucha contra el auténtico fraude fiscal, y no en la maximalista e intencionada interpretación de las normas con un solo objetivo: la recaudación.