El gasto regional no tiene techo
Los Gobiernos regionales gastarán en 2005 la nada despreciable cifra de 137.000 millones de euros, un 11% más que este año y 12.700 millones más que lo que por ley tiene establecido el Gobierno central como techo de gasto. Las regiones no tendrán ni una sola competencia más, con lo cual el incremento irá a engordar las partidas de gasto ya existentes. Cabe esperar, pues, que se produzca una mejora sustancial en la calidad de las prestaciones y servicios públicos de las comunidades autónomas. Si esto no sucede, estaremos asistiendo a un sensible descenso de la eficiencia en la gestión de recursos.
Las regiones que más piensan incrementar el gasto son Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia, Navarra y Madrid. Y en la mayoría de los casos echan mano, una vez más, de fórmulas metapresupuestarias para elevar la inversión o costear el aumento del gasto sanitario, sin que ello tenga reflejo en el déficit que fiscaliza la Unión Europea. Operaciones que son financiadas mayoritariamente a través de nuevo endeudamiento.
Estos incrementos se producen, además, en un momento en el que, a pesar de la Ley de Estabilidad, once comunidades cerraron 2003 con déficit. El vicepresidente Pedro Solbes flexibilizó la interpretación de esta norma, hasta el punto de exigir equilibrio fiscal a lo largo del ciclo, y la primera consecuencia será un déficit del 0,1% en 2005, si los gastos e ingresos de las regiones se ajustan a lo presupuestado.
El principal desajuste en las finanzas territoriales sigue siendo su falta absoluta de disposición a elevar los impuestos allí donde tienen competencia para hacerlo. Dicho en otros términos, no practican la corresponsabilidad fiscal y no extreman el rigor en el gasto, con lo cual su contribución a estabilidad fiscal, aunque sea entendida de manera cíclica, es casi nula. El Gobierno debería ser igual de exigente con la administración periférica que consigo mismo para evitar que la estrategia de barra libre en el gasto se extienda en las comunidades autónomas y lastre los esfuerzos por la estabilidad presupuestaria conjunta.