Izar o la obligación de escuchar
Que los actuales rectores de la SEPI tienen motivos para estar preocupados por el asunto de Izar es un hecho objetivamente contrastable. Que además están nerviosos es un dato que ellos mismos han puesto de manifiesto con el artículo publicado hace dos días en estas páginas. Un repaso al estado de la cuestión revela que son varias las posibles causas de su nerviosismo.
Quizás estén nerviosos por sentirse engañados por los sindicatos, pues han descubierto que su irresponsable cesión al firmar un convenio que ha aumentado un 7% los costes laborales de Izar no ha servido para aplacar la voracidad sindical.
Quizás estén nerviosos por la desautorización que sufrieron en Sestao por Zapatero, que entregó todas las bazas de la negociación a los sindicatos, lo que les ha servido para rechazar los planes presentados por la SEPI, hasta que ésta presente el que finalmente quieren.
Quizás estén nerviosos porque tanto el Congreso de los Diputados como el Senado han reprobado sus planes para Izar, que también han sido rechazados por la comisión de alcaldes de municipios con centros de Izar.
Quizás estén nerviosos porque Bruselas les ha ninguneado, tanto en los aspectos formales del nivel de interlocución como en los materiales, negando al Gobierno una negociación de Estado, al modo de la desarrollada por Francia en el caso de Alstom.
Quizás estén nerviosos, en fin, porque la sociedad española, sus individuos e instituciones quieran participar en un debate sobre un tema que, por sus características económicas, sociales e industriales tiene un interés de dimensión nacional.
Y fruto de su nerviosismo, se comportan como no debe hacerlo quien, aun cuando sólo sea por respeto a la entidad que representa, está obligado institucionalmente a comportarse con un mínimo de decoro y urbanidad.
Así su nerviosismo les lleva, seguro que de forma involuntaria, a inventarse la realidad que creen les convendría, cuando afirman que en 2003 existían planes para cerrar astilleros. Cuando una entidad -en este caso la SEPI- se dirige de forma ordenada, sus planes y proyectos se elevan a los órganos correspondientes -en este caso el consejo de administración- con fines de información o de aprobación, según los casos. Que consulten las actas de sus sesiones y verán que de las mismas se deducen varios planes respecto a Izar (participación activa en la integración del sector europeo, contención de costes laborales, realización de activos fijos, negociación real en Bruselas ), pero que entre ellos no está bajo ningún concepto el cierre de astilleros. Mienten, obcecados por su nerviosismo, mienten.
También les lleva su nerviosismo a confundir los conceptos empresariales más elementales. Así, califican de plusvalía artificial la obtención de un beneficio en la venta de activos a precio de mercado -por la diferencia con los valores de adquisición-, con la que Izar obtendría tesorería y fondos propios para afrontar las Resoluciones del comisario Monti, sin ver afectada su actividad, pues utilizaría los activos en arrendamiento. Se olvidan que esta solución fue aplicada en Iberia en 1994-1995, y su obcecación, inducida por su nerviosismo, les hace olvidar que muchas empresas españolas llevan muchos años pagando impuestos por lo que ellos denominan 'plusvalía artificial'.
Lamentablemente, el nerviosismo les desfigura su habitual y natural buen talante, y en un ejercicio sin duda inconsciente de escaso respeto al espíritu democrático, pretenden que los que no piensan como ellos permanezcan callados, para ejercer ellos el monopolio de la información y/o la opinión. Pero tendrán que aceptar que las instituciones -Congreso, Senado, ayuntamientos-, y los individuos se posicionen ante sus planes, claramente nocivos para el futuro del sector de la construcción naval en España.
Sinceramente, lo aconsejable es que se tranquilicen, que no pretendan imponer silencios a nadie, y que se concentren en resolver los problemas a que se enfrentan, a ver si con un poco de suerte obtienen mejores resultados que en otras épocas. Porque hay que recordar que Martínez Robles y Montero Hita, en tanto que Secretario de Estado de Hacienda y Secretario General de Presupuesto y Gasto Público, fueron después de su ministro los máximos responsables de las cuentas públicas y del control del gasto público en la gloriosa primera mitad de los años noventa, años en los que España sufrió el mayor nivel de déficit público de su historia reciente.