Izar y la oportunidad de callar

Cuando una crisis empresarial y sectorial alcanza la envergadura, duración y repercusiones sociales y mediáticas de las que acompañan a Izar, el respeto a los hechos, en todas sus vertientes (origen próximo y remoto de la crisis, gestión de sus riesgos, iniciativas adoptadas), constituye el primer requisito para que las soluciones planeadas, la salida de la crisis, no incurran en el subjetivismo y el autoengaño. Aunque los hechos, en tanto que datos, son testarudos, atenerse a ellos en un caso como el de Izar comporta una seria exigencia de disciplina intelectual a todas las partes, accionista, plantilla, sindicatos... Y ello porque los hechos abarcan no sólo a la empresa y a los mercados, sino también a las actuaciones y omisiones de los anteriores gestores de Izar, aplicando ayudas encubiertas que han sido descubiertas y reputadas de ilegales por la Comisión Europea.

Desde que se conoció la Decisión de la Comisión, la riada de información descriptiva del problema viene siendo incesante, incluyendo la suministrada en las comparecencias del presidente de la SEPI y del vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda ante el Congreso y el Senado. Resulta imposible detallar aquí la prolija historia que ha conducido a los expedientes abiertos por la Comisión, pero sí pueden enunciarse los siguientes datos que vertebran el problema:

l La Comisión adoptó en 1997 una Decisión por la que se aprobaban ayudas a los astilleros públicos, con carácter de últimas, destinadas a reposición de pérdidas, capitalización y créditos fiscales. A partir del 31-12-1998 no se concederían nuevas ayudas de reestructuración, salvamento o compensación de pérdidas, con la única excepción de ayudas de cierre de astilleros (o vinculadas a futuros contratos).

l La Comisión ha concluido que entre 1998 y 2000 SEPI hizo frente a la calamitosa situación patrimonial de los astilleros públicos civiles, evidenciada en la acumulación de pérdidas, mediante medidas que vulneran la normativa comunitaria: créditos fiscales, aportación de capital, préstamos y adquisiciones con sobreprecio de compra respecto al mercado. Adicionalmente, en 2000 se adoptó la decisión de fusionar astilleros militares y civiles y continuaron las iniciativas portadoras de posibles ayudas de capital prohibidas, esta vez en forma de ampliaciones y primas de emisión recibidas por Bazán/Izar entre 2000 y 2002. En conjunto, las irregularidades han motivado la apertura por la Comisión de cuatro expedientes por un importe de unos 1.200 millones de euros.

l El Gobierno del PP no adoptó iniciativa alguna sobre la reconversión del sector. Por el contrario, pactó con los sindicatos la continuidad de los centros productivos y de la plantilla hasta 2005. Evitaba así el desgaste político inherente a la potencial conflictividad, sacrificando el interés general a sus intereses partidistas. Así mismo, la Administración del PP obstruyó la labor de la Comisión Europea, no aportándole la documentación solicitada, hasta el punto de que la Comisión tuvo que recurrir al Registro Mercantil español para obtenerla.

l Dada la situación de los fondos propios de Izar, la mera reclamación formal de la devolución a SEPI de las ayudas encubiertas, incompatibles con las normas comunitarias, obligará a la contabilización de su importe, quedando la compañía en situación de fondos propios negativos e incurriendo en causa legal de disolución. Recibida la notificación cursada por la Comisión, los administradores estarán obligados, en el plazo de dos meses, a requerir de los accionistas que restablezcan el equilibrio patrimonial de la empresa o acuerden su disolución.

l En esta encrucijada se puede optar por una de dos fórmulas: negociar o recurrir la decisión de la Comisión. Pero ésta última es una opción meramente teórica, pues el hipotético éxito del recurso acontecerá no antes de dos o tres años, esto es, una vez cumplida inexorablemente la disolución de la empresa subsiguiente a la contabilización de la reclamación formal, habida cuenta que la interposición del recurso no suspende la ejecución del procedimiento.

El nuevo Gobierno, consecuentemente, ha decidido no recurrir, cumplir la legislación comunitaria en materia de ayudas, negociar con la Comisión el periodo de devolución y negociar también con los sindicatos al objeto de sanear los astilleros civiles preservando la mayor actividad y empleo posibles, garantizando los derechos de todos los trabajadores, enajenando activos e incorporando capital privado.

A la vista de lo que antecede, sorprenden los contenidos y el tono que, en sucesivos artículos relativos a Izar y publicados en Cinco Días y algún otro medio, viene reiterando don Ignacio Ruiz-Jarabo. En su condición de presidente de SEPI entre finales de 2001 y mayo de 2004 ha sido el más inmediato artífice de la desastrosa y temeraria gestión del Partido Popular que ha mantenido a Izar en una crisis larvada hasta llegar a su desenlace final, el cual, ineluctablemente, va a distraer ingentes recursos públicos.

Se entendería que guardara un prudente silencio o que, a lo más, intentara salvar su imagen lavándose pulcramente las manos. Por el contrario, se constata una cínica actitud del señor Ruiz-Jarabo en todas sus manifestaciones. De manera consciente omite los dos proyectos de cierre de astilleros, que llegaron a un avanzado grado de definición en los años 1999 y 2003, pero que finalmente no se ejecutaron por la cercanía de las elecciones generales de 2000 y 2004.

Adicionalmente, en el proyecto de cierre de astilleros de 2004 se incluía una venta de terrenos y equipamientos de Izar a una empresa propiedad de SEPI (Infoinvest), operación que encerraba una plusvalía artificial al objeto de cubrir las pérdidas de Izar. De haberse realizado tal operación, que contaba con antecedentes de otras similares practicadas en años anteriores, con toda seguridad habría sido tipificada por la Comisión Europea, al igual que éstas, como concesión de ayudas públicas ilegales.

Sorprendentemente, el señor Ruiz-Jarabo, luego de no dedicar en sus artículos ni una sola palabra a los hechos que han motivado la decisión de la Comisión Europea, ni a su responsabilidad en los años de su presidencia de SEPI, carga contra todos los herederos de su desdichada actuación. Contra el ministro de Economía y Hacienda, el actual presidente de SEPI, el comisario Monti, un director adjunto de Monti, el presidente del Gobierno y los sindicatos. Nadie, en fin, salvo los secuaces del señor Ruiz-Jarabo, o sus mentores políticos, queda exento de su espada flamígera, que zarandea, imputa culpas, lanza gravísimas acusaciones, ofende y desprecia, y, por supuesto, imparte lecciones de buena gestión sobre astilleros, eso sí, después de haberlas olvidado en el tintero durante años.

Durante su presidencia, el señor Ruiz-Jarabo dejó pasar la ocasión de impulsar políticas correctoras o paliativas para los astilleros. Prefirió el tancredismo. Ahora silencia ese pasado con una pose desafiante enfundada en patrioterismo: ¿es que no hay nadie, aparte de él mismo, que sepa gestionar la defensa de los astilleros españoles sin incurrir en la opereta?, parece preguntarnos cuando invoca a Groucho Marx. Un mínimo de dignidad obligaría al señor Ruiz-Jarabo a permanecer callado, en lugar de dedicarse, como hasta ahora, a poner de manifiesto su propia incapacidad, adornada de una demagogia insufrible.