Un fax mal enviado le cuesta a la Unión Europea cien millones
El documento que probablemente se convertirá en el fax más caro de la historia terminó de pasar un 30 de mayo de 2002 al filo de la medianoche. Eran casi 125 páginas enviadas por los servicios jurídicos de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo.
La factura de aquella fallida comunicación ha costado al presupuesto comunitario más de 100 millones de euros. No por la duración. Ni por el contenido. Sino porque, debido a un error al colocar el papel en la máquina, llegaron en blanco todas las páginas de las alegaciones de la Comisión contra el recurso de cinco bancos alemanes multados por su presunta participación en un cártel.
El Tribunal de Justicia acaba de revocar aquellas multas contra el Commerzbank (28 millones de euros), el Dresdner Bank (28 millones), el HVB (28 millones), el DVB (14 millones) y el VUW (2,8 millones) sin que Bruselas haya defendido sus acusaciones sobre el supuesto pacto de las entidades para imponer exorbitantes comisiones en el cambio de divisas.
'Fue un error humano', disculpa la Comisión al funcionario que colocó al revés en el fax el centenar de páginas para la defensa del caso sobre un cártel en la banca alemana
A juzgar por las sentencias, el equipo del comisario europeo de Competencia, Mario Monti, hubiera perdido de todos modos, porque una vez más el Tribunal de Primera Instancia vilipendia sin compasión las endebles pruebas aportadas por la Comisión.
Pero la enésima derrota judicial de Monti en sus cinco años como comisario ha sido quizá la más humillante. Se produce sólo días antes de que deje el cargo. Y presenta alarmantes tintes de opereta, cuya trama parece tan increíble como falsa. No falta quien sospecha que el fiasco del fax intenta enmascarar la inconsistencia de las acusaciones originales contra los bancos.
'Fue un error humano', disculpa sin más una portavoz oficial de Competencia, obviando el hecho de que el incidente supone, salvo que la Comisión recurra y gane, una pérdida millonaria para las arcas comunitarias.
No hay constancia de que se haya abierto investigación interna sobre lo ocurrido o sobre el funcionario que cometió el oneroso error. El incidente revela, además, la precariedad de unos servicios jurídicos que hoy se enfrentan a los ejércitos de abogados de Microsoft o General Electric.
El funcionario que elaboró las alegaciones contra los bancos ni siquiera estaba en activo cuando recibió el encargo, porque se encontraba disfrutando una excedencia por paternidad. Trabajó contrarreloj, dicen quienes conocen el expediente, para cumplir con el plazo fijado por el tribunal que, por cierto, aceptó prorrogarlo unos días.
El 'joven abogado', como lo define la Comisión, concluyó el informe minutos antes de que expirase el plazo y llegó a su despacho, entrada la noche, para enviarlo a Luxemburgo. Su sorpresa fue mayúscula al comprobar que habían cambiado el aparato de fax. El nuevo era más moderno y, de hecho, la veintena larga de páginas preparadas para rebatir a cada una de las entidades bancarias pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Faltaba un cuarto de hora para la medianoche, fin del plazo, cuando la máquina dijo 'ok'. Un 'ok' que le ha costado a los contribuyentes 100,8 millones de euros.