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Unión Europea

Bruselas insta a 18 países a que aceleren la liberalización energética

Bruselas expedientó ayer a 18 países de la Unión Europea, entre ellos España, por no haber incorporado a su legislación las últimas directivas sobre liberalización de los mercados energéticos. La CE teme que esta apertura, que en el caso de España es total, no lleve aparejada las garantías de servicio público previstas en la ley.

Apenas tres meses después de que aspirase el plazo para la trasposición de las dos últimas directivas sobre liberalización de los mercado de electricidad y gas (el 1 de julio), la comisaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, exigió ayer por escrito a 18 de los 25 países de la Unión que completen los cambios legislativos necesarios previstos en esas normas. La comisaria, que el próximo 31 de octubre deja el cargo, justificó tanta premura en su deseo de 'no dejar papeles en el cajón a mi sucesor'.

Entre los 18 expedientes figura el de España, que aprovechó su semestre presidencial de la UE en 2002 para impulsar la dos normas, que se aprobaron el 30 de junio del año pasado.

Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia completan la lista negra de países a los que Bruselas amenaza con llevar ante el Tribunal de Justicia de la UE si no acatan el requerimiento. Sorprende, sin embargo, que Francia, país con el mercado energético menos evolucionado, se haya librado del expediente porque ya ha notificado a Bruselas la adopción de las dos leyes comunitarias. El departamento de De Palacio tiene que verificar si las dos leyes francesas respetan el espíritu y la letra de las directivas.

En el caso de España y de los otros 17 países infractores, Bruselas no puede dar aún ese paso porque, aunque en ciertos casos la liberalización teórica alcanza al 100% de los mercados de gas y electricidad, los Gobiernos respectivos no han comunicado aún la adopción de las directivas. 'Debemos garantizar que se han incorporado todos los elementos previstos en las directivas ', señaló ayer De Palacio. Los textos, recuerda la comisaria, preveían la apertura a la competencia pero manteniendo la calidad del suministro, las garantías de servicio universal y la protección de los clientes más vulnerables.

Bruselas recordaba ayer que 'la apertura real del mercado no puede apreciarse tras la mera adopción de las directivas, sino que se reflejará en indicadores como el número de clientes que han cambiado de suministrador. Y, hasta el momento, sólo el 25% de usuarios ha cambiado de compañía desde que se inició la apertura del mercado a finales de los años 90'.

Incluso en países como España, donde la liberalización alcanza el 100% según el último informe de la Comisión de marzo de este año, Bruselas alerta sobre el excesivo grado de concentración de la generación que, en un 79% está en manos de las dos mayores compañías.

El Ministerio de Industria no quiso hacer ayer ningún comentario, a espera de recibir la carta de Bruselas, que llegará la semana que viene. El Gobierno español tiene previsto trasponer las directivas antes de finales de año y fuentes del mismo, aseguran que de las directivas a España sólo le falta por aplicar lo relativo a la separación de la gestión y la propiedad de las redes de distribución energéticas y el papel del regulador, al que se quiere dar más independencia.

Gestión de las redes: Consejos de la CNE para adoptar las directivas

La cuestión más importante que establecen las directivas de liberalización de los mercados de gas y electricidad y que a España le quedan por resolver se refiere a la independencia de los gestores de los sistemas eléctrico y del gas, función que desempeñan REE y Enagás, respectivamente.La Comisión Nacional de la Energía ha ofrecido al Gobierno varias opciones para adoptar estas exigencias legales y así se lo comunicó en un informe que le remitió en junio.Gestor combinado. Se puede crear un único gestor combinado (que es en realidad lo que recomiendan las directivas) de gas y electricidad o dos gestores. El Estado (o comunidades autónomas) pueden participar o no en el capital. También se pueden cruzar participaciones entre los dos gestores.Enagás y las eléctricas, por ser suministradores, deben optar por un comercializador a tarifa, si quieren evitar la segregación de actividades (gestión y operación de las redes).

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