El Presupuesto 2005 y la estabilidad
Voy a dar una primera aproximación de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, tomando como base la nota del Ministerio de Economía y Hacienda y la documentación Anexa entregada una vez aprobados por el Gobierno para su remisión al Congreso.
Los Presupuestos se han encuadrado en una previsión de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en términos reales del 3%, dos décimas superior a la del corriente año (2,8%). Dada la evolución del precio del petróleo, que ha sobrepasado los 45 dólares/barril, existen incertidumbres sobre la posibilidad de alcanzar tal objetivo, que sin embargo se encuentra en línea con nuestro potencial de crecimiento.
El deflactor del PIB se estima en el 3,2%, que es inferior en dos décimas al previsto para 2004, lo que parece mostrar la voluntad del Gobierno de controlar la inflación general de la economía, a pesar de que los precios del petróleo parecen estar fuera de todo control. Es de suponer que este esfuerzo voluntarista irá acompañado de las oportunas medidas que permitan hacer realidad algo que desde 1999 parece imposible: eliminar nuestro diferencial de inflación con la medida de los países de la Unión Europea.
Se debe continuar la reforma del sistema de pensiones contributivas y ampliar la base reguladora de la pensión a todo el periodo laboral
El Gobierno fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2005 del conjunto de las Administraciones centrales en un superávit del 0,2%, que se corresponde con un déficit del Estado del 0,5%, y un superávit de la Seguridad Social del 0,7%. Los Presupuestos para 2004 preveían un déficit del Estado del 0,4%, que se compensaría exactamente con el superávit de la Seguridad Social.
A pesar del mayor crecimiento previsto para 2005, en línea con el potencial de crecimiento de nuestra economía, el déficit del Estado aumenta una décima con respecto al PIB, lo que sólo tiene una explicación, el mayor ritmo de crecimiento del gasto público de dicho agente.
En efecto, para el año 2005 se ha fijado un límite de gasto presupuestario para el Estado de 124.525,76 millones de euros (121.537,83 en Contabilidad Nacional), que supone un crecimiento del gasto público a una tasa del 6,2%, análoga a la del PIB, en tanto que en 2004 la tasa de aumento del gasto fue del 3,9% y la del PIB del 5,9%.
Habrá que ver no obstante el Informe Económico y Financiero 2005 para conocer exactamente los citados porcentajes, ya que al haberse incluido por primera vez en el Presupuesto todos los ajustes de Contabilidad Nacional, según se hace constar en la documentación anexa a la nota del Gobierno, es posible que las citadas tasas estén influenciadas por tal decisión.
El mayor ritmo de crecimiento del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado para 2005 tiene su principal causa en que el gasto social ha constituido la primera prioridad en la elaboración de los citados Presupuestos, como lo muestra el hecho de haber ganado participación en la asignación de recursos, que en el 2004 fue del 49,4% y para 2005 llega a sobrepasar (50,2%) la mitad del gasto no financiero consolidado de la Administración Central (Estado y Seguridad Social).
Hay que tener presente que el gasto de protección social supone el 60% del gasto no financiero del conjunto de las Administraciones públicas, al ser competencia de las comunidades autónomas el gasto en educación, sanidad y servicios sociales, porcentaje de los más altos de la Unión Europea, con una tasa de crecimiento autónomo de más del 3% en términos reales.
En conjunto, la Administración central mejora su estabilidad presupuestaria con respecto al 2004 en dos décimas del PIB. Sin embargo, la correspondiente al Estado, que depende más de decisiones del Gobierno, empeora en una décima, siendo la Seguridad Social la que vuelve a tener un comportamiento excelente, como viene sucediendo estos últimos años, consecuencia de la fuerte generación de empleo y de la baja tasa de envejecimiento de la población.
Aprovechemos estos momentos para continuar con la reforma del sistema de pensiones contributivas, ampliando la base reguladora de la pensión a todo el periodo laboral, que le hará ganar equidad y sostenibilidad.
Para la totalidad de las Administraciones públicas existe la incógnita del déficit de las comunidades autónomas derivado de la sanidad, que lógicamente debería ser absorbido por ellas mismas en aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal recogido en el nuevo sistema de financiación de dichos entes.
En cuanto a la inflación general de la economía, se estima que el deflactor del PIB será del 3,2%, dos décimas menos que el previsto para 2004. En esta cuestión, como en la tasa de crecimiento, el petróleo tiene la última palabra. Con esta incertidumbre, ¿no hubiera sido más prudente que el déficit del Estado se hubiera reducido, en lugar de aumentarlo?
Una cuestión sobre la que el Gobierno ha puesto mucho énfasis, y que tiene una gran importancia, es la de la transparencia presupuestaria. Se suprime la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, verdadero cajón de sastre, generadora de una fuerte inseguridad jurídica, y se manifiesta que, por primera vez, se incluyen en el Presupuesto todos los ajustes de Contabilidad Nacional: dos temas que veníamos proponiendo desde hace años. En un próximo artículo haremos un análisis de cada uno de dichos ajustes.