Unos Presupuestos estables
Después de la incertidumbre generada en el último mes sobre los Presupuestos de 2005, y sobre cuál sería el resultado de lo que se había denominado unos 'presupuestos sociales', el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley que se presentó ayer en las Cortes para su discusión y posterior aprobación, y en el que destaca la decisión del Gobierno de mantener la estabilidad.
Nuestro crecimiento sigue basado en la demanda interna, aunque es oportuno resaltar que el segundo trimestre fue más equilibrado, con menor aportación del consumo y la construcción, y una recuperación de la inversión en bienes de equipo. En un entorno de debilidad de los principales socios europeos, este dinamismo doméstico permite crecer y continuar creando empleo, pero provoca tensiones inflacionistas que explican en parte el diferencial de inflación positivo con respecto al resto de la UEM.
Ese diferencial está erosionando gradualmente la competitividad de las empresas exportadoras, por lo que era necesario que el Presupuesto no incurriera en un déficit, que incrementará las tensiones inflacionistas por el lado de la demanda. En 2005, este hecho será más importante si tenemos en cuenta la amenaza del precio del crudo, y el impacto negativo que tendrá sobre la inflación. Por lo tanto, la decisión de apostar por la estabilidad presupuestaria es sin duda un gran acierto.
No obstante, una vez presentados los Presupuestos, ahora es necesario que el Gobierno consiga los apoyos necesarios en la Cámara para aprobarlos y, posteriormente, ser riguroso en la ejecución para que la realidad coincida con lo presupuestado.
Los principales cambios se han producido en la composición del gasto. El Gobierno ha decidido priorizar determinadas partidas como: el gasto social con un incremento del 9.5%. Dentro de este se incluyen medidas como aumentar las pensiones mínimas por encima de la inflación prevista, la partida de vivienda, la de educación, la de I+D+i, y la de infraestructuras. Cada una coincide con los principales problemas que tendrá que afrontar la política económica en la legislatura, y aunque no se van a resolver sólo con incrementos del gasto público, el Gobierno les está enviando una señal a los agentes económicos sobre la intención de cumplir su programa electoral, que ya incluía estas medidas.
Por el lado de los ingresos, la intención es mantener la presión fiscal y destaca la medida de deflactar la tarifa del IRPF por la inflación prevista, una práctica que debería institucionalizarse. También es acertado mantener el impuesto de carburantes para no provocar mayores tensiones inflacionistas con los precios del crudo en máximos. La duda: si los ingresos se mantienen y algunas partidas de gasto aumentan significativamente, otras partidas de gasto tienen que compensar esas subidas.
Estos Presupuestos permiten al Ejecutivo presentar una propuesta social que cuenta con muchas probabilidades de recibir los apoyos necesarios en las Cortes, pero además son unos Presupuestos estables, que tienen en cuenta la realidad de nuestra economía y que ayudarán a corregir los desequilibrios que hemos acumulado en los últimos años de fuerte crecimiento económico. Esperemos que después del trámite parlamentario podamos mantener la misma opinión.