Un mercado seguro para la vivienda
El acceso a una vivienda digna, en una ciudad habitable, es un derecho consagrado en la Constitución. Uno de los principales objetivos del Gobierno, expresado por su actual presidente, es el de hacer efectivo ese derecho, de forma que ningún español tenga que comprometer más del 30% de su renta para disfrutar de una vivienda digna (bien sea nueva o usada, en propiedad o en alquiler), y ubicada en un entorno habitable que permita la adecuada satisfacción de sus necesidades básicas.
Ese propósito, significa un serio compromiso de atajar la especulación inmobiliaria -prohibida expresamente por la Constitución- y que encontró buena acogida por la anterior Administración.
En el mercado inmobiliario hay bienes que por su especiales características o por su escasez son, inevitablemente, objeto de especulación. Pero la mayoría de los bienes comercializados no reúnen esas características. El bien inmobiliario es fundamentalmente un bien de uso. La necesidad de una vivienda es una necesidad que imperativamente ha de ser satisfecha por las Administraciones públicas. Y ha de serlo de una manera razonable.
Nadie se convierte en millonario por el simple hecho de que su vivienda alcance valores que su propietario, difícilmente, podría volver a pagar. Es por eso que se hace necesaria una decidida actuación pública en torno al mercado de la vivienda que aligere el coste de la misma y que al propio tiempo no cause perjuicio alguno a ese mercado.
Son diversas las maneras en que un Gobierno puede incidir en el mercado inmobiliario sin que pueda ser tachado de intervencionista, y diversas las posiciones sociales y políticas que en torno a este debate se mantienen.
Hay quien opina que el mercado es el que se autorregula y por tanto vale todo, menos la intervención; y hay quien proclama que tratándose de un bien de primera necesidad como la vivienda, no caben más compromisos que el de satisfacer esa necesidad de un modo decidido. ¿Propiedad? ¿Arrendamiento? ¿Viviendas sociales? ¿Viviendas libres? ¿Subvención en préstamos hipotecarios? ¿Movilidad geográfica? ¿Mercado local? ¿Mercado coordinado a nivel estatal? Son muchas las interrogantes que se plantean y urgente, la necesidad de contestarlas.
Pero, y permítaseme el quiebro, hay mas debates abiertos. Uno de ellos el de las nuevas tecnologías y el de su insuficiente aplicación a las tareas cotidianas. Parece que de la aplicación al mercado inmobiliario de las nuevas tecnologías sólo pueden derivarse beneficios. ¿Mercado global con ofertas sectorizadas y localizadas? ¿Mercado inmobiliario con ofertas reales y claras? ¿Abaratamiento de costes de transacción? ¿Rapidez y economía en la tramitación del cambio de propiedad? ¿Y en el mercado financiero del crédito a la vivienda? Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías son inmensas.
El Notariado está, lógicamente, interesado en esta realidad. Un mercado carente de regulación es un mercado incierto y también inseguro. Un mercado global y desregulado es un mercado proclive al fraude y al abuso. La sociedad civil quiere, y el Notariado no es ajeno a ese deseo, un mercado seguro. Un mercado en el que el pillo no tenga cabida. Un mercado libre, ajeno a las especulaciones urbanísticas y a la inseguridad en las calificaciones. Y por ello ha impulsado la creación de un Observatorio de la Vivienda que a modo de foro público, libre, y abierto a todas las ideologías y a todos los interesados en el sector, pueda reflexionar sobre las medidas que la sociedad civil propone para conseguir ese propósito. Foro que al nacer recibe la mano de otro creado, también, a iniciativa del Notariado, el Observatorio Notarial de la Sociedad de la Información, al objeto de propiciar de un modo eficaz, rápido y barato el buen funcionamiento del mercado inmobiliario.