Transparencia y claridad

Las modificaciones legales que se han venido sucediendo en los últimos tiempos, encabezadas por la Ley de Transparencia de 2003, han convertido a España, sobre el papel, en un país avanzado en ese ámbito. Otro paso viene a reforzar ahora esa saludable línea de actuación. Se trata de la orden ministerial aprobada por Economía para que las sociedades cotizadas ofrezcan cada seis meses información detallada de las operaciones con partes vinculadas; es decir, las que realizan con personas o sociedades que tienen vinculación con ésta, y pueden suscitar conflictos de intereses. Es un paso adecuado -pendiente de su desarrollo en una circular por la CNMV-, que añade a las normas vigentes sobre buen gobierno mayor exigencia en detalles y reduce el plazo para informar de anual a semestral. Sin embargo, algunos expertos en normativa sobre transparencia han empezado a detectar falta de coordinación sobre la información que deben ofrecer las empresas. Una sobreabundancia de información y formatos puede convertir la transparencia en opacidad, cuando lo que se busca es claridad.