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Columna
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¿Qué hacemos con los inmigrantes?

El Gobierno ha abierto el melón de la regularización de inmigrantes. Una medida acertada a juicio del autor, que propone que vaya pareja a una modificación de la Ley de Extranjería que limite en el futuro los tradicionales efectos llamada a los que ha conducido la política actual

El Gobierno ha puesto en marcha un proceso de regularización para los inmigrantes irregulares que tengan un contrato de trabajo. La medida levantó una gran polvareda. El PP vaticinó una avalancha de inmigrantes como fruto del efecto llamada que la nueva medida produciría. Los sindicatos criticaron el exceso de poder que la nueva norma entregaba a los empresarios. Ante este vivo debate: ¿ha hecho bien o mal el Gobierno abriendo el melón de la regularización?

Ha hecho bien. No conozco en profundidad ni el procedimiento ni los medios con los que la medida se pondrá en marcha. Pero sí que sabía que la situación de la masa de irregulares en nuestro país se estaba haciendo insoportable, paralizando cualquier política laboral o de integración que se quisiera hacer con el asunto. Durante muchos años ya, y como fruto de la ausencia de una política inmigratoria más allá de la cacareada -y tan poco eficaz- lucha contra las mafias, la masa de irregulares fue creciendo en nuestro país. Aunque muchos españoles no lo sepan, prácticamente ha sido imposible entrar legalmente en nuestro país a trabajar. Los cupos eran muy inferiores a nuestras necesidades reales, y los sistemas de contratación en origen, aunque positivos en enfoque, dieron tan sólo frutos limitados, locales y temporales. ¿Qué han hecho durante lustros los inmigrantes para entrar en España? Pues hacerlo irregularmente, a la espera de la periódica regularización que autorizábamos cuando la masa se hacía incontenible. De ahí que más del 80% de los inmigrantes hoy legales entraran de forma irregular. Esto es, hemos construido la casa desde el tejado. En vez de permitir que los legales entraran de forma legal, los forzábamos a hacerlo ilegalmente. Algún día alguien debería estudiar lo que han engordado a las mafias nuestra políticas estatales.

Pues bien, se estima que en estos momentos existen alrededor de un millón de irregulares. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) viven en nuestro país más de dos millones y medio de extranjeros. Tenemos regularizados, de una manera u otra, un millón y medio. La cifra de irregulares puede oscilar, pues, en torno al millón de personas. Aunque estas cifras hay que relativizarlas, dado que la población inmigrante sale de nuestro país igual que entra, no cabe duda que estamos hablando de muchas personas, de demasiadas para que permanezcan en el actual limbo jurídico que imposibilita su integración y su contratación legal por parte de los empresarios. Muchos de ellos ya trabajan irregularmente en nuestro país con empresarios que están deseando legalizarlos.

¿Qué hacer? El sentido común nos decía que, de una forma u otra, teníamos que iniciar un nuevo periodo de regularización. No tenía ningún sentido seguir jugando a la ficción de que lo mejor era expulsarlos a todos para que después iniciaran un imposible camino de entrada legal.

La regularización tiene ventajas y algunos graves inconvenientes. La ventaja es que normalizaría la disparatada situación actual, y el inconveniente es que seguiríamos lanzando urbe et orbi el siguiente mensaje: 'Entre en España como pueda, que tarde o temprano terminará siendo legalizado'. Es el famoso efecto llamada de nuestros comportamientos administrativos: cerramos las fronteras, pero a aquel que logre saltarlas lo premiamos con sus papeles.

Por eso, en paralelo con el proceso de regularización, tendremos que modificar la actual Ley de Extranjería. No podemos seguir sin regulación alguna de nuestros flujos inmigratorios, toda vez que si seguimos creciendo económicamente vamos a seguir necesitando inmigrantes. Regularicemos pues la actual situación de embolsamiento de inmigrantes indocumentados, pero limitemos para el futuro los tradicionales efectos llamadas que hemos comentado. Y eso sólo se conseguirá arbitrando mecanismos legales de entrada.

¿Cómo hacer esa regularización? ¿De una forma indiscriminada, o de una manera selectiva? Sin ningún género de dudas, selectivamente. Una regularización masiva acentuaría los efectos negativos que hemos comentado. El Gobierno ha propuesto que sean los contratos de trabajo la lleve para la regularización. Es un buen criterio, aunque quizá no debía ser el único, y, en todo caso, deberá controlarse para evitar posibles abusos.

Bien está la regularización selectiva que el Gobierno nos anuncia. Ahora bien, para que sea efectiva, tendrá que aprobar leyes que permitan una adecuada política inmigratoria. La elaboración de un reglamento para la actual ley será claramente insuficiente.

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