Aviso de solbes a los gestores de empresas privatizadas
El ministro de Economía y Hacienda y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró ayer, en una entrevista concedida a Europa Press, que las características de algunos presidentes y consejeros de empresas privatizadas le han sorprendido. 'Hemos analizado el perfil de determinados directivos y por los datos sorprende en muchos casos las características de algunas de las personas que se han nombrado en algunos consejos'. Solbes recalcó, no obstante, que no forzará su cese, ya que los cambios corresponde adaptarlos a los consejos de administración.
Tras el cambio del Gobierno, se especuló con la posibilidad de que el Ejecutivo sustituyera a los presidentes de las empresas privatizadas por el PP.
Sin embargo, Solbes descartó que el Gobierno vaya a provocar cambios en esas compañías y negó que el Gobierno esté presionando para desalojar de sus puestos a los presidentes. En la entrevista, Solbes afirma rotundo: 'El Gobierno no está empujando los cambios en algunas compañías'.
Las CC AA retiran los recursos contra la ley de horarios comerciales
El vicepresidente sí defendió el derecho del Ejecutivo a involucrarse en la gestión en las empresas donde el Estado tenga alguna participación.
Cito el caso concreto de Hispasat, cuya presidencia abandonó recientemente Pedro Antonio Martín Marín, y del que Solbes no parece tener buena opinión. 'Hay mucho debate, pero me gustaría saber cuáles fueron los grandes elementos de especialidad técnica que llevaron al nombramiento del presidente de Hispasat que acaba de salir', dijo en tono irónico.
Martín Marín, próximo al PP, accedió a la presidencia de Hispasat en septiembre de 2003 tras su paso por Admira, filial de Telefónica. 'Yo quiero responsables de empresas que sean honestos, profesionales y defiendan los intereses de las empresas', añadió Solbes.
El cese de Martín Marín no fue, sin embargo, el primero que se produjo en una empresa de semititularidad pública El primer cambio fue en la presidencia de Red Eléctrica Española, donde la sustitución de Pedro Mielgo por el ex ministro socialista Luis Atienza generó una viva polémica.
Solbes, en su entrevista, se declaró 'extrañado de que a alguien le sorprenda que quien tiene el 28,5% del capital, en este caso, el Estado, decida quién es el presidente'.
El ministro de Economía también anunció que las comunidades autónomas han retirado todos los recursos de inconstitucionalidad contra la regulación de los horarios comerciales gracias al anteproyecto de ley del Gobierno. De acuerdo con los datos proporcionados por el ministro de Industria, José Montilla, 'las comunidades que plantearon recursos no van a seguir con ellos en la medida en la que se les da margen de maniobra para actuar'. Solbes indicó que 'hubo dos comunidades que plantearon dudas sobre la conveniencia de que les obligaran a abrir como mínimo ocho festivos, pero es un problema que tendríamos que dilucidar a través del Constitucional'.
Los Parlamentos de Cataluña y Navarra y los Gobiernos de Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón recurrieron el Real Decreto-Ley 6/2000 del Gobierno del PP, que fijaba en 12 el mínimo de aperturas anuales en domingos y festivos, y en 90 las horas semanales. El anteproyecto de Ley de Horarios Comerciales, que será aprobado con probabilidad el 27 de agosto en Consejo de Ministros, fija en 12 días el número mínimo anual de aperturas en domingos y festivos, pero permite a las comunidades incrementar o reducir ese número, sin que se pueda limitar por debajo de ocho al año.
Calzada será sustituido 'este mismo año'
'Es un excelente responsable de la CNMV y un hombre que conoce muy bien el sector y ha sido hábil, pero creo que hay que plantear el organismo con otro tipo de presidente', afirmó el ministro de Economía sobre el relevo del actual presidente de la CNMV, Blas Calzada.El vicepresidente segundo del Gobierno aseguró que Calzada será sustituido en su puesto este mismo año. El actual presidente de la CNMV fue nombrado por el Gobierno del PP en septiembre de 2001. Calzada sustituía en el cargo a Pilar Valiente, quien había presentado su dimisión pocos días antes para frenar el acoso que estaba sufriendo el organismo supervisor por el caso Gescartera, en el que Valiente se vio implicada.