Cirugía para los astilleros
Una de las herencias envenenadas que ha recibido el Gobierno socialista es la crisis de los astilleros. Ayer, el presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, oficializó, con su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la extrema gravedad del asunto y dejó bien claro que, con las multas de Bruselas y las pérdidas acumuladas, la situación actual de Izar es de liquidación.
Los problemas de los astilleros, que ya preocuparon en su día al mismo Manuel Azaña, radican en estos momentos en la falta de viabilidad del sector en toda Europa. La irrupción en el mercado de los grandes grupos constructores asiáticos, especialmente coreanos y chinos, ha supuesto un fuerte recorte de los precios y ha dejado fuera de juego a la mayor parte de las escasamente competitivas empresas del Viejo Continente. De hecho, a finales de 2003, los constructores asiáticos absorbieron el 85% de la demanda mundial.
A la vista de la situación, la SEPI tiene previsto poner en marcha inmediatamente, en el próximo mes de septiembre, un severo plan de ajuste con el fin de frenar un sangría que afecta a 11.000 personas. Ese plan recogerá la separación entre los astilleros civiles y militares, deshaciendo la fusión acometida por el Gobierno del Partido Popular. Ello irá acompañado de una concentración de actividad en algunos centros, con cierres y ventas en el caso de que haya interés por parte de inversores privados, y el inevitable ajuste de plantilla mediante bajas pactadas.
Estamos, pues, ante una reconversión en toda regla. Un reconversión que debe contar con la participación y el apoyo de todas las partes implicadas: el Gobierno, la oposición, las Administraciones autonómicas y locales implicadas y, por supuesto, con los sindicatos, que gozan de un gran poder en el sector. No es el momento de centrarse en la búsqueda de culpables ni de aprovechar políticamente y de manera irreflexiva una crisis del calado de la de Izar. El problema es serio y lo será más si no se acomete una solución con rapidez, valentía y un mínimo de consenso.